La nueva norma, en virtud de la moción aprobada, recogida por Europa Press, debe incorporar todo tipo de violencia de género --psíquica, psicológica, económica, sexual-- y cualquiera que sea su ámbito --familiar, pareja/relación sentimental, laboral, social o institucional--, y específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.
"En esta nueva ley consideramos la violencia machista como grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres y los menores afectados", añade Cortés, que ha explicado que la norma tiene que estar orientada a la prevención, la detección, la sensibilización, la erradicación de la violencia sobre las mujeres, así como asistencia y protección que garantice los derechos y recursos reales y efectivos.
De esta manera, la moción aprobada por la Cámara recoge, entre otras medidas, aprobar la Estrategia Integral contra la trata de mujeres y personas menores con fines de explotación sexual, que debe contar "con financiación suficiente para atender con recursos públicos a las mujeres y menores víctimas de trata, tales como casas de acogida, acceso a la vivienda, asistencia jurídica, sanitaria, educativa y de inserción laboral".
Asimismo, ha explicado que se han aprobado medidas urgentes contra las agresiones sexuales en las fiestas populares y la prevención, asistencia jurídica y apoyo a la mujer agredida.
No obstante, Cortés ha criticado la negativa por parte del PSOE-A y de Cs a reglamentar y habilitar, en ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, partidas presupuestarias para el fondo de pensiones así como, incrementar en las cuentas andaluzas del 2018 las partidas del programa 32G para la igualdad y promoción de las mujeres en, al menos, un 10 por ciento.
MÁS MEDIDAS
Entre otras medidas aprobadas a instancias de la coalición de izquierdas, se incluye desarrollar, antes de la finalización del primer periodo de sesiones de 2018, políticas encaminadas a la abolición de la prostitución y de sensibilización sobre esta forma extrema de violencia de género, así como el impulso de los programas integrales dirigidos a mujeres prostituidas, con medidas de apoyo jurídicas, sanitarias, de inserción laboral, educativas y sociales.
Además, pide realizar una mayor coordinación transversal del Instituto Andaluz de la Mujer con otras áreas de las Administración Autonómica y mayor participación de las mujeres en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
También reclama adoptar políticas públicas, en todos sus competencias, para eliminar diferencia salarial entre mujeres y hombres, integración social de las mujeres migrantes en ámbitos económicos, sociales y culturales.
Y adecuar "de inmediato" la normativa andaluza a la estatal que regula la movilidad laboral por violencia de género para que las mujeres que prestan servicios a través de empresas contratadas por la Administración autonómica y garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.
De otro lado, el Parlamento de Andalucía ha aprobado instar al Consejo de Gobierno a remitir a la Cámara, antes de la finalización del primer periodo de sesiones de 2018, una evaluación de las recomendaciones aprobadas en 2014, fruto del grupo de trabajo para la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía, así como una evaluación de los acuerdos contenidos en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género firmado con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres en 2013.
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