Crespín, sindicatos y empresarios abordan la inclusión de cláusulas sociales en contratos de la Junta

Según ha señalado la Administración autonómica, el acuerdo ha sido rubricado recientemente entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los agentes socioeconómicos y tiene entre sus fines mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Administración.

En virtud de este acuerdo, la Junta y sus entes instrumentales incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía han suscrito este acuerdo para que se valore a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente.

Como ha señalado la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, el acuerdo "pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral".

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que facilitarán la toma de decisiones de los órganos de contratación.

Para promover una contratación pública sostenible, las licitaciones de la Junta incluirán estipulaciones dirigidas a lograr objetivos de política social, ética y medioambiental que garanticen oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social, igualdad de oportunidades, conciliación familiar, comercio ético y respeto al medio ambiente, entre otros.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, ha felicitado por esta iniciativa a la Junta de Andalucía, ya que la inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública es una "vieja reivindicación" de los sindicatos.

Además, Palomares ha destacado que "desde lo público debe venir ejemplaridad en calidad de empleo, igualdad de oportunidades y sostenibilidad medioambiental", y ha instado al resto de administraciones públicas a "tomar nota y hacer algo al respecto".

Palomares ha argumentado que "ya era hora de no propiciar contratos a empresas que no contemplen en su propuesta económica el asumir que sus trabajadores no se encuentren bajo el paraguas del convenio de referencia aplicable".

En su intervención, se ha referido también a la subcontratación, para la que se debe prestar una especial atención, sobre todo cuando la que incumple sea "la empresa subcontratada". UGT ha remarcado que no hay que perder la atención sobre los posibles descuelgues de convenio tras la firma de un contrato, ya que "quién entra con unas reglas del juego debe respetarlas".

"PROTEGER A COLECTIVOS CON DIFICULTADES"

Por otro lado, Palomares ha indicado que se debe "valorar el intento de proteger a los colectivos con más dificultades", como son las personas que reciben renta mínima, mujeres víctimas de la violencia de género, desempleados de larga duración y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia. Asimismo, ha valorado positivamente que "la Junta excluya de los procesos de contratación a las empresas incumplidoras".

El secretario provincial de CCOO, Rafael Rodríguez, ha señalado que "es un acuerdo que beneficia al conjunto de la ciudadanía, no solo a los trabajadores y a las empresas que liciten con la administración sino también al conjunto de la ciudadanía porque tiene por objetivo la prestación de unos servicios a la ciudadanía de calidad".

En este sentido, Rodríguez ha agregado que para eso "los trabajadores que prestan esos servicios tienen que tener empleos de calidad y también las empresas tendrán que tener un margen de beneficio razonable y que no tiene que estar basado, fundamentalmente, en las espaldas de los trabajadores, como en muchos casos se está viendo y que supone un deterioro de las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras y trabajadores".

Para concluir, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha manifestado que "esta iniciativa es una oportunidad para dotar, sobre todo, de más seguridad jurídica a la difícil contratación pública, con una participación mucho más activa y reglada de las organizaciones empresariales".

Díaz ha señalado que "supone recuperar el diálogo social con la Junta de Andalucía y posicionar a las organizaciones empresariales y sindicales como interlocutores representativos", y ha añadido que "aborda de forma unificada los criterios generales por el sector de contratación, que pueden ayudar en sus actuaciones a otras administraciones".