A través de una resolución emitida el pasado 10 de agosto y recogida por Europa Press, la Institución provincial da cuenta de la comunicación cursada por la citada instancia judicial en cuanto a las diligencias incoadas contra Diego Manuel Agüera Piñero. El juzgado, como hemos informado, ha detectado "indicios" de posibles delitos de prevaricación y malversación con relación a una contratación formalizada en 2010 por el Ayuntamiento de La Algaba, para la adquisición de diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.
La contratación investigada, en ese sentido, fue financiada con cargo a una subvención otorgada por la Diputación de Sevilla al Ayuntamiento de La Algaba, el 13 de agosto de 2010. Según la juez instructora del caso, de los términos de la investigación efectuada por la UCO "se desprende que dicha contratación pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares dos hermanas a las que cita como investigadas, "tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que figura transcrita en un atestado de la UCO.
"LOS INTERESES PROVINCIALES"
Dado el caso, y merced al dictamen de los servicios jurídicos de la Institución provincial, para "posibilitar el conocimiento de lo actuado e instar, en su caso, la práctica de diligencias que puedan convenir a los intereses provinciales", la Diputación ha decidido personarse en estas actuaciones judiciales "como parte perjudicada".
En el auto en el que la juez de Instrucción Patricia Fernández Franco citaba como investigado al alcalde de La Algaba, recogido por Europa Press, se señala entre otros aspectos "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".
POSIBLE "PERJUICIO" A LAS ARCAS PÚBLICAS
Para la juez, la operación, siempre presuntamente, "pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".
De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.
En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato. "Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre", asevera el alcalde en la grabación investigada.
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