En la exposición de motivos, consultada por Europa Press, la diputada ha recordado que el pasado 13 de diciembre de 2016 se cumplieron diez años desde que se aprobara la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008, toda vez que ha señalado que habiendo asumido España el contenido de la convención, por otra parte, de directa aplicación como tratado internacional, se han dictado normas que incorporan su espíritu y los compromisos jurídicos adquiridos.
Así, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, consagra igualmente, en el artículo 3, los principios rectores de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
Además, apunta que en el mismo Real Decreto Legislativo 1/2013, se establece en su disposición adicional tercera bajo el título 'Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación' como plazo para el acceso universal en las oficinas públicas el 4 de diciembre de 2017.
Por todo ello, Prieto quiere conocer si se ha realizado un cronograma de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como de las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano, que "no cumplan con el requisito de accesibilidad y no discriminación a la fecha, como forma de planificar y cumplir con los plazos previstos en el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013", y, si no es así, "si hay algún plan sistematizado que supla dicho cronograma.
Por último, la diputada no adscrita quiere saber qué medidas "se van a realizar para llegar al plazo establecido del 4 de diciembre de este año, para cumplir con el RD 1/2013".
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