La fiscalía estadounidense no buscará la pena de muerte contra un libio acusado de haber participado en el ataque a la misión estadounidense en la ciudad libia de Bengasi en 2012, en el que murieron cuatro personas, incluido el embajador de Estados Unidos.
Ahmed Abu Khattala, arrestado en Libia en junio de 2014 en una incursión de las fuerzas armadas estadounidenses y llevado por vía marítima a Estados Unidos, enfrenta 18 cargos.
"Estados Unidos de América (...) hace saber por la presente que el gobierno no buscará imponer la pena de muerte si el sospechoso es declarado culpable de crímenes" pasibles de esa pena, afirmó el fiscal Channing Phillips, en un documento presentado ante un tribunal federal de Washington.
La Fiscal general Loretta Lynch adoptó esta decisión luego de consultar con los fiscales, explicó una portavoz del departamento de Justicia (DoJ), Emily Pierce.
Sin embargo "el DoJ se comprometió a garantizar que el sospechoso rinda cuentas", precisó Pierce.
Khattala es pasible de ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.
Khatalla, que se declaró no culpable, es acusado de asesinato de una persona protegida a nivel internacional -en este caso el embajador estadounidense en Libia, Christopher Stevens- de apoyo material a terroristas y destrucción de una propiedad estadounidense, entre otros cargos.
Ahmed Abu Khattala sería uno de los dirigentes del grupo rebelde libio Ansar al-Charia, sospechoso del asalto al complejo diplomático estadounidense y de haberlo incendiado.
Este atentado había desatado una tempestad política en Estados Unidos, alimentado por la oposición republicana contra el presidente Barack Obama, entonces en plena campaña por su reelección, que tomó como blanco a la entonces jefa de la diplomacia, Hillary Clinton.
El Departamento de Estado reconoció luego errores en materia de seguridad.
Durante una investigación, los congresistas descubrieron que Clinton, hoy candidata ala presidencia, había utilizado una casilla de correo electrónico privada con fines profesionales, cuando dirigía el departamento de Estado.
El caso se convirtió en uno de los ángulos de ataque privilegiados de sus rivales republicanos en la campana hacia la Casa Blanca, que la acusan de haber puesto en peligro la seguridad de Estados Unidos y de sus ciudadanos en el mundo.
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