CATALÁ EMPLAZA AL PSOE A PERMITIR QUE HAYA PRESUPUESTOS SI QUIERE DINERO PARA LA MEMORIA HISTÓRICA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, emplazó hoy al PSOE a permitir la tramitación de los Presupuestos para 2017 si quiere que se dedique una partida específica para seguir desarrollando la Ley de Memoria Histórica.
Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde el senador socialista Francesc Antich, que es responsable de Justicia y Libertades públicas de la Gestora de su partido, preguntó al Gobierno “si tiene pensado crear una partida presupuestaria específica y suficiente para aplicar la Ley de la Memoria Histórica”.
A este respecto, el ministro sostuvo que, aunque el hecho de que no haya una partida específica sobre este asunto no significa “que no se esté haciendo nada”, el PSOE tiene “muy fácil” que se estudie su demanda si permite la tramitación en el Congreso de los Presupuestos para este año.
El responsable de Justicia emplazó a Antich a que, como miembro de la Gestora que dirige ahora su partido, ayude a que los socialistas faciliten la tramitación de las cuentas del Estado, ya que luego podrán presentar una enmienda para dedicar expresamente dinero a aplicar la Ley de Memoria Histórica.
“EN VÍA MUERTA”
En todo caso, Catalá defendió que, aunque no exista la partida específica de memoria histórica que reclama el PSOE, en Justicia “se está aplicando” esta ley, ya que “se están reconociendo los derechos” y “se está atendiendo” a las personas que consultan, por ejemplo, el mapa de fosas de la Guerra Civil. Añadió que estos trabajos los realizan funcionarios que cobran sus nóminas, lo que implica que se destina dinero a ello.
Por el contrario, Antich aseguró que desde el Gobierno “han degradado y dejado en vía muerte” la normativa de memoria histórica y “en especial” lo relativo a la búsqueda fosas. Señaló que ello lo prueba que a partir de 2014 se eliminó la partida de las cuentas de Vicepresidencia que antes se destinaba a este fin.
Según el senador del PSOE, esta actuación del Gobierno es “una dejación impropia de un país democrático” y que no destinar dinero a este cometido supone “rechazar la reconciliación” entre españoles” y constituye una “burla a los derechos humanos”.