Hoy ha entrado en vigor el real decreto que reforma el sector de la estiba en España, para liberalizarlo dando cumplimiento a una sentencia europea.
La norma entra en vigor hoy a excepción del punto que establece que las autoridades portuarias asumirán la indemnización de estibadores despedidos cuando empiece a aplicarse el decreto, medida que puede tener un coste de hasta 350 millones de euros para el Estado. Este punto concreto no entrará en vigor hasta que la Comisión Europea le dé el visto bueno.
La norma que liberaliza la estiba fue aprobada el viernes en Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados tiene que convalidarlo en el plazo de un mes.
Con este real decreto, que responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014, el Ejecutivo espera evitar que España deba hacer frente a una multa que asciende ya a unos 22 millones de euros y que podría incrementarse a razón de 134.000 euros diarios si se produce una nueva sentencia.
Un decreto que reduciría el elevado número de huelgas
Según el Gobierno, el decreto incluye todas las medidas solicitadas por los sindicatos del sector que no han sido rechazadas por la Comisión Europea.
De hecho, sostiene que el decreto no puede ser modificado tampoco durante su tramitación parlamentaria si España pretende evitar la multa.
Sin embargo, considera que sí que puede haber acuerdos fuera de esta norma que garanticen los puestos de trabajo de los estibadores, enmarcados en la negociación entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y los sindicatos, con la mediación del presidente del Consejo Económico y social (CES), Marcos Peña. Dicha negociación, que se inició el pasado martes, debe retomarse esta semana.
El decreto contempla establecer un plazo de un año para que los convenios colectivos se adapten a la nueva normativa.
Por su parte, los sindicatos de estibadores han convocado huelga entre los días 6 y 25 de marzo.
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