ETA. LA AUDIENCIA JUZGA DESDE MAÑANA A CINCO MIEMBROS DE EKIN POR PERTENENCIA A ETA

La Audiencia Nacional juzgará a partir de este jueves a cinco presuntos miembros de Ekin en Navarra por un delito de pertenencia a organización terrorista por el que la Fiscalía pide 10 años de prisión para cada uno. Esta organización fue ilegalizada en 2009 como aparato político de ETA.
Los cinco procesados son Gorka Zabala Cia, Gorka Mayo Hermoso de Mendoza, Iker Moreno Ibáñez, Iñigo González Etayo y Jon Patxi Arratibel Garciandia.
Todos ellos fueron detenidos en 2011 y actualmente se encuentran en libertad. Están acusados de dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale entre 2009 y 2010, actuando como miembros del aparato político de ETA.
El fiscal José Perals indica en sus conclusiones provisionales que Ekin fue el órgano creado por la banda terrorista después de que se declarara ilegal la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Su tarea se centraba en convertirse en la "vanguardia política" de la izquierda abertzale y dinamizar el movimiento de masas.
El ministerio público destaca que justo antes de su disolución en 2010, Ekin "incrementó notablemente su actividad en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra", dentro de una “estrategia diseñada y supervisada en última instancia por la propia organización terrorista ETA".
Según este relato, los cinco procesados actuaban como "desdoblados" en puestos de responsabilidad del resto de organizaciones de la izquierda abertzale en Navarra y además de integrarse en Ekin formaban parte de Segi, Askatasuna o Batasuna.
La Fiscalía cree que Ekin ha mantenido su actividad en la clandestinidad pese a las resoluciones judiciales declarando su ilicitud y que se financiaba a través de las cuotas y aportaciones de los militantes y simpatizantes, así como de la venta de papeletas de rifas o los beneficios obtenidos en 'txoznas' durante fiestas locales.
Además de los 10 años de prisión, el fiscal solicitará durante el juicio la inhabilitación especial para desempeñar cargo público durante 12 años por un delito de pertenencia a organización terrorista.