Los diputados de Transparencia y Gobierno Abierto, y de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Roberto Jaramillo y Rosa Pérez, consideran que "después de todo lo que ha pasado, el Gobierno del cambio no puede caer en prácticas éticamente reprobables", y han manifestado que "a la vista de los hechos, Divalterra no tiene razón de existir".
Tal y como han explicado estas dos formaciones en un comunicado conjunto, fue Rosa Pérez la denunciante del caso Taula, donde Divalterra --antigua Imelsa-- "fue uno de los centros de la presunta trama de corrupción del Partido Popular".
El diputado de Valéncia en Comú, Roberto Jaramillo, y la diputada de EU, Rosa Pérez, no sólo han exigido "responsabilidades", sino que creen que Divalterra tiene que ser liquidada. En opinión de ambos, "la gestión de la empresa pública estaba cuestionada antes y ahora, con el cambio de gobierno, continúa estando cuestionada, cosa que no nos podemos permitir".
Para estos dos diputados, "esto no supone que los servicios que estaban realizándose por parte de la mercantil dejen de realizarse". De hecho, "estos últimos días hemos estado recabando información sobre la posibilidad de asumir el personal por parte de la corporación provincial, que es factible", han afirmado.
Jaramillo y Pérez se han mostrado así de "contundentes" con sus socios de gobierno después de conocerse una serie de noticias relativas a los procedimientos de contratación y a las dietas con cargo a la empresa, coincidentes en el tiempo con la "frustrada licitación de la asistencia jurídica para la personación de Divalterra en el caso Taula por un precio estimado de 623.250 euros (incluyendo el IVA), que le acabó costando el lugar en la Jefatura de los Servicios Jurídicos, José Luis Vera".
También se han referido a la posterior constatación que la empresa ya había contratado previamente dicha personación con una letrada por procedimiento negociado sin publicidad, abonándole 44.000 euros un año antes de hacerse efectiva la personación en la causa que está instruyéndose en el juzgado de instrucción número 18.
Para los diputados de estos dos grupos políticos, "es difícil enderezar la gestión de una empresa viciada por una presunta corrupción sistémica, lo que no supone que EU y VeC pongan en cuestión la existencia de empresas públicas", han concluido.
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