El departamento que dirige Rafael van Grieken ha optado por esta decisión tras analizar el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid.
En esa sentencia, se estima el recurso del director contra dicha resolución, de 19 de noviembre de 2015, al no ser "conforme a derecho". De este modo, se imponen las costas a la parte demandada, es decir, a la Comunidad.
En concreto, la Justicia anulaba las dos faltas graves que se le impusieron por falta de rendimiento, lo que le condujo al traslado forzoso sin cambio de residencia y con suspensión de funciones durante seis meses.
En el recurso, el afectado alegó que la resolución impugnada era "contraria a derecho ante la inexistencia de los elementos definidores del tipo infractor invocado y la consecuente vulneración del principio de tipicidad".
La sentencia destaca que la actuación del centro estuvo dirigida a "comprobar y evitar el acoso, debiendo solventar determinadas dificultades que les prestaban las misma partes implicadas".
Además, subraya que es "representativo el comportamiento de la inspectora, que era a quien correspondía controlar la situación e intervenir en el caso de pasividad por parte del centro, ya que estuvieron informados del asunto".
La abogada del director adelantó a Europa Press que su cliente solicitará una indemnización por los seis meses en los que estuvo sancionado, más la responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, ya que tuvo que cambiar de centro y de categoría.
"Tuvo un desprestigio profesional y anímico", ha subrayado su letrada, quien solicitará en representación de su patrocinado 40.000 euros por daños y 2.500 en concepto de costas procesales del procedimiento.
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