Ejército chileno muestra "preocupación" y se desmarca de denuncias por corrupción

El Ejército chileno mostró "preocupación" sobre las denuncias penales por corrupción que enfrentan algunos integrantes de sus filas y un exjerarca, además descartó tener responsabilidad por los posibles delitos cometidos en sus filas, señala un comunicado de la Institución difundido el martes en Santiago.

La declaración se produce en momentos en que la justicia local investiga al excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por posible enriquecimiento ilícito.

"No resulta justo, bajo ningún punto de vista, buscar una asociatividad con el total de sus integrantes o pensar que puede ser un proceder generalizado, cuando algunos de ellos están siendo investigados por la justicia por acciones que obedecen a comportamientos estrictamente personales", señala la misiva.

Por tanto, "bajo ninguna circunstancia se amparan situaciones que puedan ser constitutivas de delitos", añade el documento.

El Ejército local también mostró su "preocupación por la acción encubierta de presuntos integrantes de la Institución" que sin ir a la justicia aseguran a medios locales conocer antecedentes de delitos dentro de las unidades militares.

En una declaración pública, el general retirado Fuente-Alba -que lideró el arma entre 2010 y 2014 - señaló que se abrió la investigación en su contra "a partir de un cúmulo de informaciones falsas".

"Señalo categóricamente que soy inocente. Jamás he hecho mal uso de los recursos fiscales", añadió el castrense, cuyo su supuesto millonario patrimonio fue denunciado por reportajes de los medios locales 24 horas y The Clinic.

El caso se suma al denominado "Milicogate", un sistema de malversación de fondos de las Fuerzas Armadas -en especial entre 2010 y 2014- que llevó a una larga investigación judicial y tomó luz pública a través de The Clinic.

Las maniobras fraudulentas por más de 10 millones de dólares ya dejaron varios militares y civiles tras las rejas y pusieron en tela de juicio el carácter reservado de una ley -modificada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- que tiene como fin destinar el 10% de las ventas de cobre (principal producto de exportación) a las Fuerzas Armadas.

Recientemente el Consejo para la Transparencia ordenó publicar la mayor parte del texto de la Ley Reservada del Cobre, y el gobierno anunció este martes que acatará el fallo.

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