Espinar asegura que en la comisión no van a un juicio sino a determinar si Cifuentes tiene responsabilidades políticas

Así lo ha afirmado Espinar el declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press en relación a la comisión que se va a celebrar este viernes en la Cámara autonómica en la que va a comparecer Cifuentes para hablar de los contratos de cafetería adjudicados al Grupo Cantoblanco en 2009 y 2011 cuando ella era vicepresidenta de la Cámara.

"Hoy en la comisión no vamos a un juicio. Nosotros no dictamos sentencia. Eso lo hacen los jueces. Nosotros vamos a hablar de la responsabilidad política de los responsables políticos en los casos de corrupción y la responsabilidad política no tiene siempre que ver con la penal. Es otra cosa", ha sostenido.

Y es que ha dicho que lo que ahora se determina es si Cristina Cifuentes "después de 26 años siendo diputada" en la Asamblea por el PP de Madrid y "una de las dirigentes más importantes" del partido tenía "responsabilidad política en el pozo de corrupción que ha sido el PP en Madrid" y que ellos entienden que sí.

Preguntado por la moción de censura presentada por Podemos que se debatirá en la Cámara el 8 de junio, ha afirmado que le salen "las cuentas" porque lo que sucede es que no pueden no hacer nada.

"No podemos actuar en la Asamblea de Madrid como si no estuviera pasando nada. El caso de Cristina Cifuentes es posterior a la moción. Nuestra moción tiene que ver con la Operación Lezo y con la responsabilidad política del PP en la Operación Lezo", ha señalado.

Por último, se ha referido a las acusaciones que ayer lanzó Cifuentes a Podemos en el pleno de la Asamblea de Madrid, y ha opinado que la presidenta "está en una situación de mucha tensión". "Está acorralada por dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO)", ha indicado y ha señalado que la UCO apunta a dos líneas de investigación.

La primera de ellas, ha relatado, tiene que ver con "la duplicidad de Cristina Cifuentes en una mesa de contratación en la que era la contratante y era la experta" algo que, en su opinión, es "ilegal según la ley de contratos del sector público".

La segunda pasa por que "Arturo Fernández financió la campaña del PP en 2007 a través de Fundescam de manera ilegal" y hay "sospechas de que se le estaba pagando un favor". Así, ha señalado que Cifuentes está "tensa" pero ha pedido que "no maten al mensajero".