El Parlamento Europeo votará el jueves la directiva para crear un registro de nombres de pasajeros europeos (PNR, por sus siglas en inglés) reclamado por la totalidad de los países miembros de la UE que buscan nuevas herramientas antiterroristas.
El PNR europeo, que será votado el jueves en Estrasburgo (este de Francia), será utilizado en la lucha contra el terrorismo y los crímenes graves.
Son las empresas aéreas o los operadores turísticos los que deben crear el registro y recoge los datos obtenidos durante los procedimientos de reservas y chequeo.
La lista incluye el nombre, dirección, número de teléfono, detalles de las tarjetas de crédito, agencia de viajes, equipaje y número de asiento de cada pasajero, así como "información sensible", a menudo relacionada con la elección religiosa de una comida o pedido de ayuda por problemas médicos.
La compañía deberá enviar las informaciones para los vuelos desde y hacia un país extra comunitario a las autoridades del Estado miembro concernido (desde donde parte o llega el avión).
La directiva da la posibilidad a los Estados miembros para que extiendan esta posibilidad también a los vuelos intraeuropeos. Los ministros de Interior de los 28 adelantaron que utilizarían esa posibilidad.
El objetivo es permitir detectar a las personas que no fueron en el pasado sospechadas de terrorismo pero que, con el análisis de las informaciones, denoten un perfil sospechoso.
En la práctica habrá 28 registros nacionales. Cada país deberá alertar a los otros países en el caso de que sea necesario. También podrán pedir datos PNR a otros países en el marco de una investigación.
El proyecto de directiva (ley) propuesto por la Comisión estaba bloqueado en el Parlamento desde 2011 a la espera de que se incorporaran garantías sobre la protección de las libertades individuales.
En diciembre se alcanzó un compromiso político, pero el voto se atrasó por la reticencia de los grupos parlamentarios socialista, liberal y ecologista, que pedían que un texto sobre la protección de datos personales fuera votado al mismo tiempo.
La directiva será votada el jueves finalmente en una sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia) junto a otro texto que instaura normas estrictas sobre el uso de los datos personales con fines policiales y judiciales.
Los datos nominativos podrán ser consultados por las entidades nacionales durante seis meses. La conservación de las informaciones, sin que sean nominativas, será de cinco años.
Los Estados miembros tendrán dos años para transponer esta nueva reglamentación en su legislación nacional.
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