El encarcelado expresidente de Guatemala, Otto Pérez, será enjuiciado por un caso de corrupción adicional al que lo obligó a renunciar el año pasado en medio de una ola de indignación popular, determinó este miércoles la justicia.
El juez Miguel Ángel Galvéz decidió procesar al exmandatario por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, en una audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia.
Gálvez negó que su decisión fuera "por el clamor popular o por presiones de los organismos internacionales", como han dicho los representantes de Pérez.
En el mismo caso fue procesada la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como otras 51 personas entre exfuncionarios y particulares. Cuatro sindicados quedaron fuera del proceso por falta de pruebas.
Entre los procesados figuran los dos exministros de la Defensa, Manuel López y Ulises Anzueto, así como los exministros del Interior, Mauricio López Bonilla, y Cultura, Dwight Pezarozzi.
Tras la audiencia que se extendió por cinco días, los procesados entran a una fase llamada intermedia, en la cual un juez deberá determinar si enfrentan un juicio oral y público.
Pérez expresó a periodistas su complacencia con la determinación al indicar que "fue una resolución apegada a derecho", al dejar fuera los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación ilegal.
Asimismo, el exgobernante pidió que se anexaran los otros dos casos por los que fue procesado, uno por defraudación aduanera y otro por un contrato anómalo entre el Estado guatemalateco y una empresa española para operar un puerto en el Pacífico sur.
En 2015, el último año de su gobierno, Pérez y Baldetti se vieron involucrados en un escándalo de corrupción tras el desmantelamiento de una red de defraudación aduanera.
La acusación provocó una avalancha de indignación y masivas protestas callejeras que los obligaron a renunciar.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU para apoyar al sistema de justicia en el país.
Los exgobernantes enfrentan cargos por financiamiento ilícito en la campaña de 2011 cuando alcanzaron el poder, defraudación en el fisco y cobrar comisiones para adjudicar contratos millonarios entre el Estado y empresas privadas.
La justicia les incautó varias mansiones de lujo, carros, lanchas, helicópteros y avionetas como parte del proceso.
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