La organización ha recordado que las tasas oscilaban entre los 200 y los 10.000 euros en función de la figura jurídica, y ha asegurado que no han sido una herramienta para mejorar la administración de justicia ni para agilizarla, sino "una forma de indefensión para las pequeñas empresas que han visto obstaculizado su derecho a la tutela judicial".
La presidenta de Fepime, Helena de Felipe, ha señalado que la próxima constitución de un nuevo Gobierno central es el momento de tratar con el Ministerio de Justicia esta situación, y afirmado que la patronal también trasladará su posición a la Conselleria de Justicia de la Generalitat.
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