Reclama, además, la pena más alta, de cinco años de cárcel, para expresidente del club Sandro Rosell, al que acusa también de estafa. El Ministerio Público, que ha decidido no acusar al actual presidente Josep María Bartomeu, reclama al Barça el pago de una multa de 8,4 millones a lo que debe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a abonar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del club de origen del jugador --Santos Futbol Club-- y el propio club brasileño como persona jurídica.
También solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves, y tres para el primer directivo del Santos, club que también tendría que abonar multa de 7 millones.
Según el escrito, las irregularidades en la contratación inflaron el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros. La causa se abrió por la querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, y que, según la Fiscalía, dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido.
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