Fomento del Trabajo ha considerado que 2016 volverá a ser un "año perdido" en materia de infraestructuras y ha urgido a las administraciones públicas a recuperar inversiones, a la vez que ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar las colaboraciones público-privadas y la financiación a través del pago por uso.
En rueda de prensa este jueves, el presidente de la Comisión de Infraestructuras de Fomento del Trabajo, Joaquim Llansó, y el director de Economía de la patronal, Salvador Guillermo, han presentado la actualización del catálogo de 100 infraestructuras (CAT100) que consideran "básicas" para paliar el déficit en esta materia que sufre Catalunya y que se presentó el 10 de junio de 2015 por primera vez.
"La licitación pública cae de forma alarmante", ha dicho Guillermo, y es que el año pasado la licitación oficial de obras en Catalunya cayó un 34%, situándose en 1.157,9 millones de euros, con lo que se convierte en el tercer peor año después del 2012, cuando la licitación ascendió a 784,9 millones, y del 2013 (1.084,7 millones) y supone un descenso del 87% respecto a los 8.618,4 millones licitados en 2008.
Llansó ha advertido del "peligro" que supone este continuo descenso, y ha recordado que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aumento en un punto porcentual del PIB en la inversión en infraestructuras eleva la producción en un 0,4% el mismo año y en un 1,5% los próximos cuatro, y es que en España la inversión del 1% del PIB en infraestructuras genera 180.600 empleos y un retorno fiscal del 62% de la inversión.
Por ello, ha defendido la necesidad del pago por uso, pese a que a los políticos les cuesta entrar en este debate, según ha dicho, y ha lamentado que el pago diferido tenga comprometido el 70% del presupuesto de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat: "Hoy estamos pagando aún obras anteriores. Es pan para hoy y hambre para mañana".
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
De este centenar de infraestructuras básicas, el Corredor Mediterráneo es uno de los proyectos que se encuentran más atrasados, ya que debería estar finalizado desde la frontera hasta Almería en el 2017, y Fomento del Trabajo ha lamentado la escasa información detallada sobre el estado de las obras y el calendario de actuaciones.
Otras obras que avanzan a un ritmo muy lento son el desdoblamiento de la N-II en Girona y la N-340 --incluyendo la variante de Vallirana--, la finalización del Cuarto Cinturón (B-40) y Rodalies, que recibe una inversión "insuficiente" para garantizar la calidad del servicio.
Otras de las 100 obras básicas para Fomento del Trabajo son los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Barcelona, la A-27 Tarragona, Montblanc-Lleida, la estación intermodal de La Sagrera, la finalización de las L9 y L10 de Metro y la prolongación de las L1, L2 y L4, entre otras.
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
La patronal catalana ha propuesto la creación de una Agencia de Infraestructuras de Catalunya, un ente independiente de composición público-privada que facilite el cambio de modelo en gestión de infraestructuras y que se encargue de seleccionar las inversiones más productivas y de mayor retorno social.
Estaría integrada por un consejo asesor de un máximo de diez expertos --cinco procedentes de la administración y otros cinco del sector privado--, y contaría con las figuras de un director y secretario, y se apoyaría en un departamento técnico.
EL PESO DE CATALUNYA
Fomento del Trabajo ha recordado que por Catalunya circulan el 15% de las mercancías que se mueven por carretera en España, el 25% del tráfico ferroviario, el 20% de aeronaves y pasajeros de los aeropuertos y el 17% del tráfico portuario de mercancías, y considera que la comunidad catalana debería recibir "como mínimo" estos mismos porcentajes de la inversión estatal.
Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 consta una inversión estatal en Catalunya del 10,6% del total regionalizado, la mitad de su peso en el PIB de España, que es un 19%, e inferior a la población (16%).
Asimismo, la inversión total real presupuestada en la comunidad catalana para el periodo 2002-2015 ha sido el equivalente al 4% del PIB: la realizada por el Estado fue un 1,3% del PIB, la de la Generalitat un 1,6% y la de los entes locales un 1%.
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