Una decisión que se ha tomado porque como ha afirmado la portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Albacete, Victoria Delicado, "atará a la ciudad durante 20 años, haciendo imposible que se puedan modificar las condiciones" y "perjudicando gravemente el interés general de los ciudadanos".
Este recurso ya lo presentaron el pasado 20 de enero en el registro del Ayuntamiento de Albacete, y posteriormente ante el Tribunal Administrativo Contractual, que denegó su petición en una resolución "absolutamente incongruente y salvaje", como ha señalado la abogada de la formación María Teresa Márquez.
Ahora vuelven a presentar este recurso ante el TSJ de Castilla-La Mancha porque, según ha afirmado Márquez, existe jurisprudencia suficiente "de tribunales europeos, de las propias juntas consultivas y del Tribunal Central Administrativo" para darles la razón.
La petición de este recurso es la nulidad de pleno derecho de la adjudicación del contrato por vulnerar el procedimiento legalmente establecido, ya que, según explican los servicios jurídicos de Ganemos Albacete, "el expediente y adjudicación se han efectuado bajo calificación de gestión de servicio público, en su modalidad de concesión, cuando su naturaleza contractual debería ser la de un contrato de servicios".
Según ha afirmado la abogada de la formación, la importancia de elegir una naturaleza jurídica u otra afecta al período de concesión del contrato, de tal forma que, mediante la fórmula elegida la duración de la concesión del servicio es de 20 años --15 años más 5 de prórroga--, mientras que la figura del contrato de servicios no sería superior a 6 años.
En este sentido, Victoria Delicado ha planteado que se revise esta fórmula contractual porque de continuar con él "se hipoteca la posibilidad de decidir y mejorar las condiciones por parte de las futuras corporaciones municipales y por supuesto de los ciudadanos".
Por su parte, el viceportavoz del Ganemos, Álvaro Peñarrubia, ha señalado que plantean este recurso desde "la responsabilidad de saber que este contrato no es el óptimo para la prestación de servicio, ni desde el punto de vista contractual, ambiental, laboral ni económico, ya que estamos pagando en la actualidad un sobrecoste porque hace demasiados años alguien hizo ya esto una vez, y creemos que no es bueno repetirlo para los próximos veinte años".
La interposición de este recurso ante el TSJ no conlleva medidas cautelares, por lo que el contrato actual con la empresa Valoriza continuará hasta que el tribunal resuelva.
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