El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos que retiren su polémica enmienda conjunta a la ley de Medidas Administrativas que se está tramitando en las Cortes sobre las retribuciones de altos cargos.
Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa momentos antes de retomar la Comisión de Presupuestos, que este lunes arranca de nuevo en el Parlamento regional tras suspenderse la sesión el pasado viernes. Ambos grupos parlamentarios han aceptado la propuesta del consejero, en lo que parece el primer síntoma de entendimiento entre ambos partidos en su recién estrenado Gobierno.
En rueda de prensa conjunta, los diputados de PSOE Rafael Esteban y de Podemos María Díaz han explicado que aceptan retirar esta enmienda, si bien la intención ahora es sentarse a negociar la tramitación de esta medida por otra vía tanto con agentes sociales como con los grupos parlamentarios.
Esta decisión llega después de que el pasado viernes mostrara su intención de "analizar" dicha enmienda, defendiendo en todo caso que no se trataba de "sobresueldos", sino que simplemente se limita a abordar los progresos en la carrera profesional de aquellos funcionarios que hayan ocupado altos cargos en el Gobierno.
Ruiz Molina ha detallado ante los medios que esta decisión llega después de consultarla con el presidente autonómico, Emiliano García-Page. En todo caso, ha criticado que se considere que "es mala" esta medida en Castilla-La Mancha cuando ya está en vigor en el resto de comunidades autónomas y a nivel estatal.
Ha dicho además que la intención de la enmienda era garantizar el desarrollo de la carrera profesional de funcionarios que trabajaran en el Gobierno. El objeto de retirar la enmienda ahora, según ha dicho, es poder informar a los agentes sociales sobre lo que se pretendía establecer a través de la enmienda, que sólo persigue que formar parte de la vida pública no sea "un hándicap" para los funcionarios.
"Ha habido mucha demagogia, no hablamos de sobresueldos, ni de pensiones, sólo estamos estableciendo mecanismos jurídicos para que los que tienen una actividad pública no vean perjudicada la carrera profesional al volver a su actividad", ha precisado.
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