En concreto, el Gobierno prepara un real decreto ley para que todas las empresas comercializadoras financien el bono social que permite reducciones en la tarifa eléctrica, y esquivar así el "escollo" de la sentencia del Tribunal Supremo, que censura la discriminación actual entre empresas integradas o no.
Así lo ha comunicado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Social, Álvaro Nadal, a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Congreso con portavoces de Industria de todos los grupos parlamentarios.
Nadal ha comentado que existe unanimidad entre los grupos para que sean las compañías privadas, sin discriminación, las que soporten la financiación de este bono social, así como los 500 millones de euros que la sentencia prevé como compensación a las empresas eléctricas.
Sin embargo, el ministro no ha querido ir más allá acerca de la multa, pues el Gobierno ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo ante los "problemas jurídicos" que han detectado en el mismo.
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