El Gobierno de Turquía lleva varias décadas luchando contra los milicianos del PKK en el sureste del país y ya había relevado a cientos de profesores por su supuesta relación con esta organización, a la que cataloga como grupo terrorista, además de arrestar a decenas de políticos prokurdos.
El Ejecutivo ha cesado o suspendido a más de 125.000 funcionarios de la administración, entre militares, jueces y fiscales, desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio. No está claro si los 10.500 funcionarios mencionados por Muezzinoglu están incluidos en la cifra de 125.000 sancionados tras la asonada militar o forman parte de otra purga.
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