El departamento de Estado denunció este miércoles en un informe sobre derechos humanos los intentos de gobiernos en América Latina -desde arrestos a trabas burocráticas- para restringir la labor de organizaciones civiles y periodistas críticos.
El informe resalta el fortalecimiento en las últimas décadas de la sociedad civil, pero advirtió de un incremento de los ataques contra activistas y periodistas por parte de gobiernos que buscan evadir el control de sus ciudadanos.
En América Latina, el informe es crítico de muchos países con los que Washington mantiene fuertes diferencias.
En Cuba, los órganos de seguridad estatales realizan detenciones "arbitrarias" para impedir protestas, señaló el informe, denunciando el arresto, nuevamente en 2015, de disidentes políticos que ya habían sido libertados en el marco del acercamiento entre Washington y La Habana a finales de 2014.
Al presentar el documento, el secretario de Estado, John Kerry, dijo que el presidente Barack Obama instó al gobierno de Raúl Castro, en su histórica visita a La Habana en marzo, a "permitir mayor apertura política y acceso a internet", según él, un clamor de los cubanos.
"La única pregunta es cuánto le tomará a los funcionarios en La Habana alcanzar a la población", señaló.
En otros países, las leyes y los procedimientos gubernamentales obstaculizan la labor de las organizaciones civiles y los medios independientes, según el informe, el 40º realizado por el departamento de Estado.
En Ecuador, el gobierno del presidente Rafael Correa "siguió restringiendo a los medios independientes y la sociedad civil mediante leyes de propiedad intelectual para forzar el desmantelamiento de contenido en internet", según el texto.
En Venezuela, denunció el encarcelamiento de decenas de "prisioneros políticos" y observó que las leyes que controlan la información son vagas y susceptibles de "interpretaciones políticas".
Nicaragua y Bolivia, otros dos países alejados de las políticas de Washington, también enfrentaron críticas.
En Nicaragua, "las auditorías de impuestos son una forma común de acoso y muchas veces usadas selectivamente", indicó el informe, citando denuncias de ONG.
De su lado en Bolivia las autoridades imponen procedimientos burocráticos "específicamente estrictos de modo de limitar a las organizaciones independientes", indicó el departamento de Estado.
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