En este montante, según IU-CA, destacan dos reclamaciones: una en proceso judicial que exige la devolución de anticipos realizados al Ayuntamiento por convenios urbanísticos de unos 3.000.000 euros y otra en fase de reclamación previa de 1.300.000 euros. En ese sentido, la federación de izquierdas atribuye estas reclamaciones a "la política del pelotazo y la nefasta gestión del Partido Popular".
Además de las reclamaciones reflejadas, en sólo cinco meses el nuevo gobierno ha recibido "sentencias por valor de 440.000 euros por la devolución de más convenios urbanísticos y 78.000 euros por el alquiler de locales que el propio gobierno Popular reconocía no utilizar", así como obligaciones pendientes de pago en concepto de cuotas a la Entidad de Conservación del PIBO (100.000 euros) o 300.000 euros por el pago de una expropiación que aún no se había pagado, a pesar de que la misma se realizó el año 2008.
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