La formación de izquierdas, a través de sus coordinadores regionales Candi Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, afirma echar de menos en el debate que se ha suscitado tras esa adjudicación que los partidos que deberían representar la izquierda política en el Parlamento regional no salgan a defender la gestión pública de ese servicio, y el debate se limite exclusivamente entre la figura concesional que promueve el PP y los experimentos liberalizadores que defiende Ciudadanos.
Para IU-Verdes, las ventajas de la gestión pública son "indudables" por cuanto supone una mejor prestación desde el punto de vista de los intereses generales, con la realización de revisiones rigurosas con tasas de rechazo normalizadas que no generen problemas de seguridad en las carreteras, al tiempo que posibilita tarifas más ajustadas a los usuarios y garantiza unos ingresos permanentes a las arcas públicas.
Al objeto de fundamentar esta posición política, los dirigentes de IU-Verdes sostienen que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha concluido en sus informes que en las comunidades autónomas con estaciones ITV públicas (Extremadura, Asturias, Cantabria y Andalucía) la tarifa suele ser menor.
Por su parte, FACUA ha advertido en varias ocasiones que tanto el modelo concesional como los experimentos liberalizadores dan lugar a diferencias de tarifas en España de más del 200 por ciento.
Por último, IU-Verdes ha expresado en su nota que construir una ITV no requiere de una gran inversión, como ocurre con otras obras o infraestructuras públicas. Así, con datos del propio sector, una estación media vendría a costar en torno a dos millones de euros, y se podrían rentabilizar a partir de unas 20.000 inspecciones anuales.
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