En declaraciones a los medios antes del encuentro, ha explicado que el anteproyecto no puede tener el mismo alcance y no tiene la misma cobertura legal, y para que lo tuviera sería necesario cambiar cosas como la ley hipotecaria, que depende de las Cortes, pero ha admitido que "es mejor que una ley suspendida" y puede permitir avanzar en la defensa de la vivienda social.
El representante de la federación, que agrupa más de 3.000 entidades catalanas, ha reivindicado la vivienda como un derecho a la par que el de la educación y el de la sanidad, y ha afirmado: "Necesitamos tener garantías legales para evitar que los propietarios, y en particular los grandes tenedores, puedan desahuciar como se había hecho durante seis años" en Catalunya.
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