El Gobierno exige a Puigdemont que suspenda el 1-O, pero él se niega

El Ministerio del Interior pondrá "todos los medios para ayudar a los Mossos d'Esquadra" en el cumplimiento del mandato judicial de impedir el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional, han informado a Europa Press fuentes de este Departamento. La decisión se ha comunicado tras celebrarse en Barcelona la Junta de Seguridad, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "ha mantenido su posición de desobediencia".El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, ha reclamado, por otro lado, a Puigdemont, que renuncie al referéndum para garantizar el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho y la convivencia en Cataluña, pero no han recibido una respuesta afirmativa.

En rueda de prensa en el Palau de Pedralbes, al concluir una reunión de hora y media, Nieto, acompañado del delegado del Gobierno, Enric Millo, ha explicado que el Gobierno el domingo no va contra la posibilidad de que la gente "exteriorice un sentimiento", ya que es legítimo, y ha asegurado que el Ministerio protegerá este derecho a la libertad de expresión.

No obstante, ha indicado que actuarán con "absoluta determinación" para evitar un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional que además el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha pedido que se impida.

Así, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha encabezado la delegación del Ministerio del Interior tras la convocatoria unilateral y sin pactar un orden del día de la Junta de Seguridad que convocó este miércoles Puigdemont.

A la reunión también ha asistido el coronel Diego Pérez de los Cobos, designado por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como director técnico del operativo de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum del próximo domingo.

Interior ha hecho un llamamiento para "sembrar tranquilidad" entre los ciudadanos catalanes, subrayando su confianza en que se mantendrá la ley y "la plena vigencia del Estado de Derecho en Cataluña".