"Reiteramos que la feminización de la pobreza, los problemas económicos, la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales han tenido un efecto negativo en la persecución de estos delitos", dice Jueces por la Democracia en un comunicado.
A estas dificultades, suma "la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia, ya que después de salir de su ámbito deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia se precisa un apoyo social especifico".
Además, recuerda que resulta necesaria la adecuación del marco normativo sobre esta violencia, incluyendo en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género las manifestaciones de la misma que indica el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia que sufren las mujeres.
"Por lo tanto, resulta imprescindible la dotación presupuestaria adecuada para llevar a cabo la aplicación tanto de la Ley Orgánica 1/2004, con la atención integral que recoge, como la del citado Convenio que también preceptúa una respuesta integral, sin la cual la tutela judicial y efectiva que debe proporcionar un proceso judicial deviene imposible", concluye la organización.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios