En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Jiménez Barrios ha manifestado que la citada ley se hizo "tan mal, que ya se dijo entonces que no era posible su aplicación". Ha recordado que la Junta recurrió dicha norma ante el Tribunal Constitucional, por invasión de competencias de la comunidad, y también el conjunto de los ayuntamientos de España, con una enorme mayoría, de todos los colores políticos.
"Esta sentencia pone de manifiesto que la ley se hizo mal, deprisa y corriendo", según el vicepresidente de la Junta, que ha mostrado convencido de que el próximo Gobierno central se encargará de "derogar" dicha norma, que ha sido un "tremendo error".
Asimismo, ha recordado que el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tuvo que sacar una circular explicativa, dejando sin efecto la aplicación de determinados artículos de la ley.
Se ha referido al hecho de que Beteta remitiera una carta a todos los alcaldes del país para indicarles que la asunción de las competencias en materia de servicios sociales y de salud por parte de la comunidad autónoma a partir del 1 de enero no será finalmente efectiva hasta que no se ponga en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica.
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