Profesionales de la psicología jurídica y forense de toda Andalucía recibirán formación especializada en materia de violencia de género a través del X Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, organizado por la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (Sepjf) y en el que colabora la consejería de Igualdad y Políticas Sociales, con el fin de crear redes de profesionales y compartir conocimientos académicos, científicos y profesionales para el desempeño del peritaje jurídico en el ámbito penal.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, junto al presidente de la Sepjf, Ramón Arce, ha participado este jueves en la inauguración de este congreso, que abordará en una de sus mesas de debate la necesidad de un tratamiento integral de la violencia de género, así como otras cuestiones como la atención y acogimiento familiar a menores; abuso sexual; violencia sexual y filioparental ejercida por menores; 'ciberbulling'; violencia de género en adolescentes, etcétera.
En declaraciones a los medios, la consejera ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para lograr "la máxima comprensión de este problema social" por parte del ámbito judicial, ya que dicha concienciación redundará en una mejora de la atención a las víctimas y un refuerzo de la confianza de las mismas en las instituciones.
"Por tales motivos, significar la importancia de este Congreso, que vuelve a situar a Andalucía como centro neurálgico estatal del estudio y análisis de la violencia contra las mujeres", ha continuado.
Sánchez Rubio ha resaltado la necesidad de reforzar la sensibilización y la formación en la materia de todas las personas profesionales que atienden a las víctimas, desde los centros de salud hasta la policía local y cuerpos de seguridad, si bien se ha puesto el acento en el ámbito judicial, en el que se ha apostado por una formación integral, que abarque no sólo la cualificación jurídica, sino también psicológica y social, con el fin de conocer mejor la violencia de género, sus peculiaridades, sus consecuencias y la manera más adecuada de actuar.
En este sentido, la consejera ha recordado que la reforma de las leyes andaluzas de igualdad y de violencia de género contemplan la formación transversal en igualdad de género en todas las carreras profesionales, así como el fomento de la especialización en violencia de género en la carrera judicial, si bien ha reclamado que esta apuesta sea extensible a todo el ámbito nacional, tal y como plantea la propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Asimismo, ha recalcado que son "muy importantes las modificaciones legislativas que consideren que los hijos de una víctima de violencia sean víctimas directas de violencia de género". Al respecto, Sánchez Rubio ha recordado que "en la ley contra la violencia de género de Andalucía se va aplicar este concepto, adaptándola al convenio de Estambul", y en esos casos, "el trabajo que se haga desde el ámbito de la psicología forense es determinante", ha asegurado.
La consejera ha insistido también en la "comunicación interinstitucional" como mejor herramienta para impulsar al máximo el funcionamiento de los instrumentos de coordinación y potenciar la atención integral a las víctimas. De ese modo, ha subrayado como ejemplo el Punto de Coordinación de la Junta de Andalucía, único canal telemático de notificación de las resoluciones judiciales a todos los organismos que intervienen en el proceso de atención a las mujeres víctimas y menores a su cargo (Instituto Andaluz de la Mujer, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, Guardia Civil, etcétera).
"El Punto de Coordinación permite la máxima coordinación institucional ante las órdenes de protección, que son una de las medidas más importantes para proteger a la víctima y prevenir nuevos actos de violencia machista. Se trata de un sistema telemático que funciona 24 horas los 365 días del año, notificando la resolución desde el juzgado que la adopta a las oficinas del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) y a los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que contactan inmediatamente con la víctima para prestarle asistencia especializada", ha recordado Sánchez Rubio.
En 2016, el Punto de Coordinación de la Junta ha registrado 4.244 procedimientos judiciales, 3.641 de ellos por violencia de género, que han dado lugar a 1.886 órdenes de protección, siendo el resto medidas cautelares de alejamiento. Ello ha permitido atender en los centros del IAM y en los Servicios de Asistencia a Víctimas a un total de 1.458 víctimas del maltrato machista, a las que se les ha dado una atención integral con 1.692 seguimientos y 3.924 actuaciones.
De otro lado, el presidente de la Sepjf, Ramón Arce, ha indicado que las jornadas tienen como objetivo "el crear una relación recíproca entre la academia y la práctica profesional, de modo que se transfiera los conocimientos en tiempo real para un mejor conocimiento de las realidades sociales de cada caso" y "satisfacer nuevas necesidades periciales o de práctica forense que vayan surgiendo".
Arce ha puesto como ejemplo de esa trasmisión de conocimiento, "la constatación de un dato reciente" que indica "que justo en el momento de la separación la probabilidad de que haya agresiones se incrementa un 42 por ciento", una referencia que "ayuda a focalizar bastante a los psicólogos forenses a la hora de desarrollar su trabajo", ha apostillado.
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