El consejero ha dado estos datos, a preguntas del diputado de IULV-CA José Antonio Castro, en la comisión de investigación parlamentaria sobre las ayudas a la formación para el empleo, cuando ha detallado que del total de 18.023 expedientes ligados a la formación profesional para el empleo desde 2002 hasta 2012, un total de 13.014 ya están liquidados por valor de unos 2.300 millones y quedan por verificar 2.462 expedientes por valor de 539 millones.
Si bien, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero ha criticado al consejero que haya aportado datos acerca de la cuantía que ya ha sido recuperada, sobre la reclamación por vía judicial, sobre cuándo van a pagar el 25 por ciento a las empresas que forman parte de los 1.191 expedientes verificados correctos y sobre la falta de información sobre las dos empresas que han sido sancionadas en este proceso.
"Los 90 millones de reintegro pueden estar en su totalidad reclamados judicialmente, por lo que es una cifra engañosa", ha subrayado Ruiz Sillero. En este sentido, el consejero ha dicho que o bien la información que le pedían desde el PP "no tenía nada que ver con la comisión" o bien no contaba con ese dato en ese momento.
En su segundo turno, la diputada 'popular' ha preguntado por la auditoria de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y el consejero ha señalado que llegó el día 10 de abril, pero provisional, pero que no podía dar más detalle porque no la había leído. "Cuando sea definitiva, la comisión tendrá perfecta cuenta de la auditoria", ha subrayado.
Con respecto a la Faffe, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha preguntado sobre por qué no se autoriza para que refuercen la labor de verificación de los expedientes y el consejero ha indicado que el impulsó una cuestión para ordenar las funciones que tienen que hacer dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
ÓRDENES PARA RECUPERAR LA FPE
En su intervención inicial ante la comisión, el consejero ha recalcado, como ya hiciera a principios del mes de mayo la propia presidenta andaluza, Susana Díaz, que se están tramitando las órdenes para la recuperación de la formación profesional para el empleo durante este año 2016, y ha explicado la situación en la que se encuentra cada una de las tres.
Sánchez Maldonado ha anunciado que las mismas se publicarán "en breve" y ha detallado que recogen aspectos como la concurrencia competitiva, la modificación de régimen de pago y la prohibición de la subcontratación, entre otros aspectos.
El titular de Empleo ha recordado que las mismas recogen, por un lado la subvención de escuelas taller, campos de oficio y talleres de empleo, cuyo crédito asciende a 50,3 millones de euros; la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, con 71,5 millones de euros; y la formación dirigida a personas trabajadoras, con 20,7.
Asimismo, ha explicado que la primera de ellas está en fase de informe jurídico para su publicación en BOJA y las otras dos cuentan con ya con los informes preceptivos y serán publicadas una vez que sean informadas por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que se reúne este jueves.
La fecha de esta reunión, que se celebra una vez al mes, ha determinado que no se pudieran aprobar antes, ha explicado el consejero.
Además, el consejero ha explicado, a preguntas de IULV-CA, que para financiar estas órdenes, unos 142 millones, no se cuenta con financiación del Gobierno central, porque "para eso tendría que la Junta que haber justificado en el año anterior, pero no hubo", por lo que "hay que hacerlo con financiación propia".
En este sentido, ha señalado que Andalucía habría dejado de usar unos 800 millones de euros para convocatorias de formación para el empleo, a razón por 200 millones cada año y han sido cuatro sin convocatoria de cursos.
Preguntada por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet sobre si las nuevas órdenes y, en concreto, sobre las exceptuaciones, el consejero ha señalado que las órdenes incluye "lo que dicen las leyes fiscales y administrativas de España", en referencia al último párrafo que presenta el borrador de la ley que permite a las entidades acceder a subvenciones cuando se fragmentan su deuda a la Seguridad Social.
No obstante, preguntado por la justificación de los gastos en las nuevas órdenes, el consejero ha señalado que no ha tenido la oportunidad de leer el texto jurídico finalizado. "He dado órdenes para que se ponga en marcha lo que viene recogido en los informes, mejoras contables, económicas y fiscalización", ha subrayado.
Por último, a cuestiones de la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy, el consejero ha indicado que la convocatoria "no se cambia porque haya habido fraude en Andalucía" y se ha referido a unas palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre "problemas y disfunciones" en la formación profesional a nivel estatal. "Lo del fraude generalizado ya sabemos quien lo dice, determinados grupos que buscan rédito político y mediático".
El consejero en su última intervención ha apuntado que "en ningún momento ha habido procedimiento que propicien el fraude o la malversación", sino, al contrario, "la normativa para cursos en Andalucía es la más garantista y exigente de España". En este sentido, ha señalado "deficiencias administrativas" que, en toco caso, "la única perjudicada es la Junta".
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