El director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid, ha expuesto a Europa Press que, bajo la necesidad de una respuesta "rápida" a la situación del Bajo Guadalquivir, se ha expuesto un planteamiento que, entre otros aspectos, implica la delimitación de un área fuera de la cual el cangrejo rojo no podrá comercializarse.
Se pretende así facilitar la actividad económica en una zona en la que casi el 50 por ciento de la población está en paro. "La Junta no podía permanecer de espaldas", ha resumido Madrid, que, en cuanto al posicionamiento de los agentes presentes en el Comité de Pesca, señala que "todos han entendido la gravedad del problema y que es necesario poner herramientas. Este plan es un buen instrumento, aunque, lógicamente, algunos han expuesto sus observaciones", ha subrayado.
Dichas observaciones podrán ser incorporadas al texto de presentarse alegaciones y prosperar las mismas durante el periodo de audiencia pública que se abre en estos días. De respetarse los plazos estimados, la orden se publicaría a finales de la semana que viene, al objeto de que el plan entre en vigor de inmediato.
"Los servicios jurídicos estudian una fórmula con credibilidad a largo plazo", ha dicho Madrid, cuestionado por posibles incompatibilidades con la sentencia del Supremo, aún no publicada y, por tanto, no vigente.
De esta forma, el plan establece una serie de términos municipales donde se puede proceder a la captura y llevar a la industria para su inmediata eliminación. Se contempla la captura "todos los días del año y de todos los tipos de tamaño", la utilización de nasas precintadas y la autorización específica a pescadores, entre otros puntos.
"SE HA LOGRADO DE MANERA RÁPIDA"
Considera la Junta que el Estado "no ha hecho bien su tarea" ante el Tribunal Supremo en cuanto a la defensa de la captura de la especie, en una "dejación" que "sí han aprovechado los movimientos ecologistas, que han planteado sus argumentos de forma contundente y han desplazado la balanza hacia el punto más débil".
El propio consejero del ramo, José Fiscal, señalaba este lunes en declaraciones a los periodistas que "se ha logrado de manera rápida, tal y como nos demandaba el sector, la parte que nos corresponde", tras lo cual ha reclamado al Gobierno central, "que tiene mucho que decir en esta cuestión", que "haga sus deberes y colabore".
"Todos hemos manifestado nuestro interés por que este asunto se solucione: hemos dado nuestro paso, esperamos que el resto de administraciones cumpla y responda a las demandas del sector, que modifique la norma y haga lo que tenga que hacer", ha apostillado.
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