La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha reiterado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que "respalda la igualdad de los ciudadanos andaluces en el acceso a los medicamentos que prescriben los profesionales de la sanidad pública mediante la selección pública de medicamentos (subasta)". Así lo determina el Alto Tribunal en la sentencia que ha recibido la Consejería de Salud que avala la constitucionalidad de esta medida y desestima el recurso del Gobierno central.
Según indica la Consejería en un comunicado, el auto manifiesta que la "selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso" y "la única diferencia es que en Andalucía la selección del de precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario".
Además, apunta que la resolución descarta los argumentos usados por el Abogado del Estado sobre la vulneración de competencias estatales de la iniciativa andaluza y señala que no entra en contraposición con la "condición básica del derecho a la salud" ni con la "legislación sobre productos farmacéuticos o como régimen económico de la Seguridad Social".
La sentencia señala además que aunque la normativa estatal garantiza una "uniformidad mínima en las condiciones de acceso a los medicamentos con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida", también afirma que "puede ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las comunidades autónomas, en virtud de su competencia sustantiva y de su autonomía financiera".
Por tanto, apunta que el Constitucional manifiesta en el dictamen que "no hay una norma básica que condicione o limite las medidas que en materia de dispensación pueden adoptar las Comunidades autónomas" y recuerda que el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, "sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias". En este sentido, el Alto Tribunal entiende que la iniciativa andaluza "tiende a racionalizar el gasto" y, por tanto, no ha producido "diferencias en las condiciones de acceso" a estos productos.
De este modo, la Junta de Andalucía reitera su satisfacción por esta sentencia ya que avala y ratifica lo que el Gobierno autonómico ha defendido desde la implantación de esta medida en 2012, tanto en lo referido a su legalidad y constitucionalidad como a la garantía de que la población andaluza tiene el mismo acceso a los medicamentos que en el resto de España.
Recuerda que la selección pública de medicamentos de Andalucía se desarrolla en el marco de la Ley de Farmacia de Andalucía y cumple con la Ley estatal de garantías y uso racional de medicamentos. Asimismo, se rige por las leyes del comercio. Permite dispensar en las farmacias los medicamentos prescritos libremente por los facultativos y autorizados por la Agencia Española de Medicamentos.
Y añade que esta estrategia permite, además de "un importante ahorro para el sistema sanitario público andaluz sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, que los usuarios tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento".
Igualmente, recuerda que desde su implantación en 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros; por tanto, es una medida de uso racional del medicamento que contribuye de manera importante a la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Asimismo, manifiesta que el Gobierno de España "ha puesto todos los obstáculos posibles" a esta medida de eficiencia desde su implantación, llevándola ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización. Han sido múltiples los procedimientos judiciales presentados por parte del Estado por la vía Constitucional y contencioso-administrativa contra esta medida de eficiencia de la Consejería de Salud, "sin haber conseguido paralizarla".
RECUERDA QUE EL GOBIERNO HA QUERIDO IMPLANTAR UN MECANISMO SIMILAR
En este sentido, Salud recuerda que el mismo Gobierno central ha querido implantar un mecanismo similar a la selección pública de medicamentos de la comunidad autónoma andaluza que, bajo la denominación 'Sistema de Precios Seleccionados', perseguía los mismos objetivos de eficiencia que la medida andaluza.
Por último, ha criticado que hasta el momento, a pesar de haberse conocido el fallo del Tribunal Constitucional, ni el Gobierno de España ni el PP en Andalucía, que "han judicializado esta medida y han lanzado numerosas críticas contra ella, han reconocido públicamente esta igualdad de acceso para la ciudadanía andaluza".
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