La entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 38,2 por ciento en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal en la Región de Murcia (un 47 por ciento en los juzgados de Instrucción).
La reforma legal, que modificó el artículo 284.2 de la LECrim, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, ha tenido como consecuencia que, frente a los 48.494 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, se haya pasado a 29.988 asuntos en los tres primeros meses de este año.
En concreto, en los juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción se registraron en la Región 28.478 asuntos menos que en el primer trimestre del año anterior, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.
Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata -con un auto de archivo por falta de autor conocido-, se ha producido un descenso similar en la resolución: de 50.713 asuntos resueltos se ha pasado a 32.380.
Por último, el número de asuntos penales en trámite al final del periodo era de 29.055, un 19,2 por ciento menos que hace un año.
ESTABILIDAD EN EL RESTO DE LAS JURISDICCIONES
El informe 'Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015' publicado este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 32,4 por ciento respecto del mismo periodo de 2015.
Sin embargo, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, el volumen asuntos de nuevo ingreso en el conjunto de los órganos judiciales de la Región de Murcia -excluidos los penales- apenas experimentó variación respecto al primer trimestre de 2015 (1.241 asuntos más en la jurisdicción Civil, 625 menos en la Social, y prácticamente los mismos en la Contenciosa)- .
Por jurisdicciones, en la civil, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2016 fue de 16.371, lo que representa un aumento interanual del 2,5 por ciento. En esta jurisdicción se resolvieron 17.849 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 52.125 asuntos.
En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 1.321 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 2,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 1.638 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 5.324.
Por último, en la jurisdicción social, estos órganos judiciales recibieron 2.450 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 20,3 por ciento. El número de asuntos resueltos fue de 2.988 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 10.067.
A LA CABEZA EN DEMANDAS
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.
Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4). En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3).
Como en años anteriores, y basándose en las series históricas trimestrales disponibles, la Sección de Estadística del CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año del movimiento de asuntos en los Juzgados y Tribunales españoles.
En este caso, sin embargo, la proyección debe ser tomada con mayor cautela debido a que las reformas del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado; y la ya citada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulada en la Ley 41/2015, con entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015, han producido una notable disminución en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, con los consiguientes efectos en la resolución y pendencia.
En este sentido, en la Jurisdicción Civil se prevén un total de 1,93 millones de asuntos ingresados (-6,6 por ciento); 1,95 millones resueltos (-5,5 por ciento); 1,04 millones en trámite (-3,9 por ciento); y 529.000 sentencias (+5 por ciento).
En la Jurisdicción Penal se esperan 3,2 millones de easuntos ingresados (-43,3 por ciento); 3,52 millones de asuntos resueltos (-41,2 por ciento); 590.200 en trámite (-28,7 por ciento); y 554.500 sentencias (-14 por ciento).
En la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 192.300 asuntos ingresados (-3,2 por ciento); 215.700 resueltos (-6,2 por ciento); 183.700 en trámite (-11,3 por ciento); y 140.400 sentencias (-3,8 por ciento).
En la Jurisdicción Social se registrarán 349.500 asuntos ingresados (-12,5 por ciento); 412.449 resueltos (-1,6 por ciento); 249.300 en trámite (-20,2 por ciento); y 214.700 sentencias (-1,9 por ciento).
En la Jurisdicción Militar, se registrarán 200 casos ingresados (+2,2, por ciento); 200 resueltos (-21 por ciento); 100 en trámite (42,6 por ciento); y 200 sentencias (-18,8 por ciento).
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