LA LIBERTAD DE PRENSA EN VENEZUELA SE DETERIORA, SEGÚN LA ONU Y LA CIDH

La libertad de prensa en Venezuela está sometida a un “continuo deterioro”, según han alertado el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
"Estamos profundamente preocupados por los recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela. Esto es especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país, la crisis económica y las fuertes tensiones sociales y políticas”, subrayaron Kaye y Lanza en un comunicado.
Los expertos llamaron la atención sobre las recientes detenciones, interrogatorios y confiscación de equipos de al menos siete periodistas y trabajadores de los medios. “Estamos alarmados por la noticia de que varios periodistas fueron detenidos mientras cubrían saqueos o informaban al público sobre las protestas”, afirmó Lanza.
Kaye apuntó que “las fuerzas de seguridad deben proteger y no hostigar a los reporteros y periodistas que llevan a cabo su labor legítima de informar al público”. “Las amenazas o ataques contra periodistas y medios de comunicación no sólo infringen los derechos de estas personas, sino que además socavan la capacidad de los venezolanos e individuos en otros lugares de estar informados sobre eventos de vital importancia”, añadió.
Sobre las agresiones registradas contra periodistas que cubrían las protestas de escasez de alimentos en Caracas el pasado 2 de junio y los ataques contra los diarios ‘El Aragüeño’, ‘El Caroní’ y ‘El Nacional’ a finales de ese mismo mes, Lanza indicó que “información acerca de los últimos ataques contra los periodistas que cubren el impacto de la reciente crisis económica en el terreno también merece una atención inmediata”.
El relator especial de la CIDH señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los periodistas y debe responder, sin demora, a acusaciones de violencia e intimidación que los mismos sufren: “Es esencial que las autoridades venezolanas actúen con la debida diligencia y rapidez para determinar los hechos y castigar a los responsables. Las alegaciones acerca de que los atacantes pertenecerían a grupos que apoyan al Gobierno también son especialmente preocupantes y requieren una atención especial”, apostilló.
Kaye recalcó que “el acoso de los medios de comunicación por parte de los agentes del orden público evidentemente dificulta la capacidad de los periodistas de llevar a cabo su vital labor y propaga un fuerte ‘efecto disuasivo’ que afecta a toda la sociedad”.
TENDENCIA PREOCUPANTE
Además, los relatores expresaron su preocupación sobre las recientes decisiones judiciales y otras medidas que aumentan la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente.
El pasado 8 de junio, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que los sitios web de noticias ‘La Patilla’ y ‘Caraota Digital’ se abstuvieran de difundir vídeos de linchamiento a través de su página y redes sociales. Esta resolución puede ser extendida a otros medios de comunicación del país.
Lanza comentó que “esta reciente resolución del Tribunal Supremo establece una restricción desproporcionada y poco razonable, contradiciendo los estándares interamericanos e internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión” y que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura”.
“Asimismo, estamos preocupados por el alto número de emisoras de radio que estarían operando bajo concesiones caducadas debido a que sus solicitudes de renovación de concesión permanecen ignoradas por períodos excesivos”, dijo Kaye, quien añadió: “Las normas internacionales son claras en este asunto: precisamente para evitar abusos, los procesos para la concesión de licencias de radiodifusión deben ser razonables, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios”.
Los relatores también mostraron su preocupación acerca del cierre de la emisora La Barinesa el 10 de junio, presuntamente debido a que su licencia habría caducado. “La adopción de medidas extremas, como el cierre de una estación de radio, debe estar basada en fundamentos sólidos y únicamente utilizados como último recurso”, agregó Lanza.
Por otra parte, los expertos también señalaron sentirse preocupados por el cese de actividades de los periódicos afectados por la escasez de papel para imprimir sus ediciones, lo que ha afectado este año la circulación de periódicos, como ‘El Siglo de Aragua’, ‘La Mañana’, ‘Nueva Prensa’, ‘El Carabobeño’ y ‘El Mío’.
“La falta recurrente de papel periódico es otro de los obstáculos que enfrentan los medios de comunicación venezolanos y que requieren de una rápida aclaración y solución por parte de las autoridades nacionales”, añadió Kaye.
Los dos relatores enviaron una carta conjunta al Gobierno venezolano expresando estas preocupaciones, en la que solicitan la clarificación de los acontecimientos ocurridos. El Estado confirmó la recepción de la comunicación y los expertos esperan que la respuesta a su solicitud permita abrir un diálogo sobre estos y otros temas relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.