Marta Renedo afirma que era una práctica habitual realizar facturas falsas

La ex jefa de servicio del Principado, Marta Renedo, ha abierto este lunes las declaraciones de los

acusados del denominado Caso Marea. Renedo ha asegurado que era una práctica habitual realizar pagos

irregulares desde la Administración del Principado y la generación de facturas falsas, sobre todo en

época electoral cuando se generan "cantidades ingentes de facturas" para las que no existía consignación

presupuestaria.

La acusada ha asegurado en numerosas ocasiones que los ex directores generales Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto estaban al tanto de estas cuestiones y sabían que se estaban haciendo facturas falsas. Así, al preguntarle su abogado, José Carlos Díaz, si ella era "el fontanero administrativo de Pérez Cueto y la

ex consejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, Renedo ha indicado que "se intentaba dar apariencia de

legalidad a procedimientos que no lo eran", como pagos fuera de ejercicio, reclamaciones de

pagos de proveedores y demás.

La funcionaria se enfrenta a 10 años de cárcel por delitos continuados de falsificación documental,

malversación y cohecho. A Renedo se le acusa de apropiarse de 1,4 millones de euros adjudicándose

contratos, con regalos y sobornos de las empresas de los también acusados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez. La fiscalía recoge que sus delitos arrancaron en 2001 y destacan como sus métodos fueron evolucionando. Así en 2008 la acusada creó su propia sociedad, Implans Mounts, para adjudicarse a si

misma hasta 38 contratos.

Marta Renedo ha respondido únicamente a las preguntas de su letrado, José Carlos Díaz. La fiscal, Carmen

Rodríguez, ha formulado las preguntas previstas a pesar de no contar con la respuesta de la acusada. Así,

Rodríguez ha planteado numerosas cuestiones relacionadas con las supuestas cuentas bancarias abiertas por Renedo a nombre de terceros; la supuesta falsificación de firmas entre ellas las de ex consejeras; su

participación en la adjudicación de contratos o las supuestas empresas ficticias constituidas

supuestamente por la acusada y en las que, según el relato del fiscal figuran numerosos ingresos por

parte de los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, también en el banquillo de los acusados.

Fiscalía también se ha referido a una pericial aportada por la defensa de Renedo en la que, a través de

un informe, "vienen a reconocer que han perjudicado indebidamente al Principado en algo más de 132.500 euros". Todas estas acusaciones han sido seguidas por la acusada que, sentada con las manos cruzadas, no ha hecho gesto alguno.

En esa misma posición Renedo ha escuchado las preguntas formuladas por la abogada del Principado, Isabel

González entre las que, al igual que la fiscal, se preguntaba por los supuestos fraudes cometidos por la

acusada, entre otros por ejemplo la construcción de una piscina en su casa de Cadavedo por valor de

24.000 euros pagada por uno de los empresarios acusados. También han planteado sus preguntas los letrados del resto de las acusaciones populares, que se han quedado sin respuesta alguna.

Por su parte, los abogados de la defensa del resto de acusados han renunciado a formular preguntas.Otero dice nunca formó parte de una mesa de contratación

También ha declarado la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado María Jesús Otero. Otero ha asegurado que los procedimientos de contratación en la Consejería de Educación se realizaban "en equipo" y con el visto bueno del titular del departamento, José Luis Iglesias Riopedre.

En su declaración Otero, que sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha señalado que su función era "proponer cosas" a partir de las peticiones de los centros y no decidir, dado que nunca formó parte de una mesa de contratación.

Otero ha añadido que les llegaban "cantidades ingentes de necesidades por parte de los centros educativos" por lo que no tenían razón alguna para inventárselas.

En esta sesión también ha declarado el gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández. Fernández ha reconocido que Marta Renedo le mandó facturar obras de cableado en centros sociales de Asturias aunque no se ralizaron. Fernández, que afronta una pena de cárcel de 4 años por los delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales dijo: "Hay que poner las cosas en su día, en ese tiempo era habitual esta forma de actuar.Pendás:  "No tenía capacidad" para contratar obras

En esta sesión también declaró la funcionaria del Ayuntamiento de Oviedo María Paz Rodríguez Pendás, también acusada en esta trama de corrupción. Pendás, cuya declaración fue adelantada por el tribunal a la tarde de este lunes tras un informe del médico forense sobre su estado de salud, ha asegurado que en su puesto de trabajo en el consistorio "no tenía capacidad ni competencias" para la contratación de obras.

Asimismo ha dicho que la potestad para realizar las contrataciones es competencia de otras concejalías y ha desmentido también que alguna empresa relacionada con el Ayuntamiento hubiera realizado obras en su casa aunque sí ha admitido que tenía de tarjetas de El Corte Inglés, ya que unos compañeros del trabajo se las vendían "baratas".