El expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Eduardo ‘Teddy’ Bautista diseñó “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos” de ese ente, generándole “perjuicios y pérdidas constantes” de hasta 21,5 millones de euros. Así lo recoge el juez de la Audiencia Nacional en el auto por el que propone juzgar a Bautista junto a algunos exdirectivos de la sociedad, entre ellos su cómplice José Luis Rodríguez Neri y algunos de sus familiares, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, asociación ilícita y falsedad en documento mercantil.
El juez relata cómo Bautista, presidente de la SGAE entre 1998 y 2011 introdujo en la sociedad de autores a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis para que se encargaran de el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones. Para ello, en 2000 se creó la filial Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) que tenía como cometido llevar a cabo esos cambios en la gestión. Pero esta última sociedad, según el instructor “fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, sin actividad propia y sin empleados”. Su único fin era contratar con la SGAE para a su vez encargar los trabajos a Microgénesis “burlando el marco estatutario y los mecanismos de control de la SGAE”."Sistema cuasi monopolístico"
Esa contratación arbitraria, automática y no sometida a control permitió que Rodríguez Neri se aprovechara de la situación. Junto a su pareja y varios miembros de su familia “activaron un entramado de sociedades alrededor de Microgénesis que les permitió la distribución y apropiación de los fondos de la SGAE con la seguridad que les daba haber montado un sistema cuasi monopolístico, arbitrario e incontrolado” con la sociedad de autores, a la que, según el juez “tenían atrapada”.
De la Mata considera que ese entramado constituye una “organización criminal” con la finalidad de enriquecerse “de forma sistemática con cargo a fondos de la SGAE, mediante la obtención de contratos y otros mecanismos depredatorios”. Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido con visión a largo plazo organizado por su cúspide, integrada por Rodríguez Neri y su socio Rafael Ramos Díaz, su socio.
La apropiación indebida, según el juez, se deriva del abuso fraudulento de las obligaciones societarias por parte de la excúpula de la SGAE con la cooperación del entramado de Neri. Bautista, con el conocimiento de sus directivos Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, fue quien dio luz verde a ese desvío masivo de fondos “esperando un retorno que no se produce”.
Entre 2000 y 2010 el dinero cedido por la SGAE a las empresas de Neri y Ramos ascendió a 57,1 millones de euros, cifra a la que el instructor suma otros 39,5 millones por la ejecución de los proyectos. A esa cantidad habría que sumar lo supuestamente defraudado por Portal Latino, otra de las empresas implicadas (10,3 millones). Según los peritos de la causa, el perjuicio para la sociedad de autores asciende a 21,5 millones. Esa sería la cantidad que la SGAE habría pagado de más por los bienes y servicios contratados.
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