Un caso de 26 presuntas ejecuciones extrajudiciales en los años 90 en una favela de Rio de Janeiro, que resolverá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ayudar a "perfeccionar" la justicia de Brasil, dijo el miércoles una ONG de derechos humanos.
"Ojalá la Corte nos dé una sentencia que sirva para perfeccionar los mecanismos de control de la justicia ante los aparatos de seguridad en Brasil", dijo a la AFP la directora de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en esa nación, Beatriz Affonso.
"No queremos políticas de seguridad estatal en cuanto a exterminio de personas y que haya impunidad", indicó la activista con ocasión del inicio del juicio del caso de la "Favela Nova Brasilia" en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en Quito.
La Corte Interamericana, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebra desde el miércoles una audiencia pública de dos días sobre ese caso, en el marco de su 56º período extraordinario de sesiones, que se abrió el lunes en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en las afueras de Quito.
"El caso se relaciona con las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 26 personas -incluyendo seis menores de edad- en el marco de las redadas efectuadas por la Policía Civil de Rio de Janeiro el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995 en la Favela Nova Brasilia", señaló el organismo interamericano.
En la redada de 1994, tres personas, dos de ellas menores, fueron supuestamente torturadas y sufrieron actos de violencia sexual por parte de policías, añadió.
"Esperamos que en unos seis meses podamos tener la sentencia", indicó Affonso, mientras la Corte recibía declaraciones de peritos y presuntas víctimas, a cuyas familias representa el Cejil.
"Han pasado 22 años de las masacres sin que nadie fuera responsabilizado", señaló Affonso, indicando que la intervención de la Corte será una "alerta" para la administración judicial de Brasil por "obstruir y omitir" justicia en ambas masacres, cuyas indagaciones estuvieron a cargo de un centenar de fiscales.
Ésta es la primera ocasión en que el Brasil democrático enfrenta un proceso judicial internacional por ejecuciones sumarias colectivas, según Affonso.
El Estado brasileño alega que las "ejecuciones fueron justificadas por las autoridades mediante el levantamiento de actas de resistencia al arresto", de acuerdo con la Corte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actúa como una fiscalía, elevó el caso ante la Corte en junio de 2015, luego de que Brasil no atendiera la recomendación que le hizo en 2011 de abrir una investigación exhaustiva.
La CIDH considera que estos hechos, que permanecen "en situación de impunidad" y están "prescritos a nivel interno", ocurrieron en un contexto y patrón de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía en Brasil, especialmente en Río de Janeiro".
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