El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas solicitó al gobierno argentino de Mauricio Macri la "inmediata liberación" de la dirigente social Milagros Sala, encarcelada desde enero pasado tras motorizar una protesta social en la provincia de Jujuy (norte).
La ONU considera que "la privación de libertad de la señora Milagros Sala es arbitraria", según un documento divulgado en Buenos Aires por Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones que impulsaron la denuncia junto a dirigentes de la oposición.
El Grupo de Trabajo de la ONU también recordó que, conforme al derecho internacional, "la víctima de una detención arbitraria tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye la restitución, compensación, rehabilitación satisfacción y garantías (de) no repetición".
Sala, de 52 años, es una popular dirigente social de Jujuy, una de las provincias más pobres del país, y parlamentaria del Mercosur.
Fue arrestada el 16 de enero, poco después de que asumiera como gobernador de Jujuy Gerardo Morales, integrante de la alianza de centro-derecha Cambiemos, que lidera Macri.
En un primer momento fue acusada de instigar a cometer delitos de sedición, supuestamente por organizar una protesta pacífica (un acampe de manifestantes) en una plaza céntrica de Jujuy que, según las autoridades, entorpecía la circulación.
Fue puesta en libertad después de que las autoridades le retiraran los cargos, pero antes de salir de prisión fue nuevamente acusada, esta vez por "defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita", por lo que sigue arrestada.
Los denunciantes sostienen además que su detención viola la inmunidad de que gozan los parlamentarios.
El Grupo de Trabajo "constató que la privación de libertad, al no mediar el procedimiento de desafuero de Milagros Sala, se llevó a cabo en contravención del ordenamiento jurídico aplicable argentino, tanto de índole constitucional como legal y derivado de instrumentos internacionales".
En ese sentido consideró que "se le violaron los derechos" tanto en lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La ONU también "constató que a la señora Sala se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica" y consideró que el gobierno no justificó fehacientemente los delitos por los que la acusa.
"Pareciera que las acciones legales y procesales (contra Sala) se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre" de 2015, sostuvo la ONU.
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