C'S PROPONE QUE TODO ELECTO ABANDONE SU CARGO SI SE LE ABRE JUICIO ORAL

Ciudadanos registró este jueves una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que incluye, entre otros puntos, la ineligibilidad para cargo público, o el cese en caso de haber sido ya elegido, de cualquier persona que esté sometida a una causa judicial, en concreto cuando se le abra juicio oral.
El secretario general del grupo parlamentario de C's, Miguel Gutiérrez, presentó la proposición como "el mayor avance legislativo en lucha contra la corrupción", que, por contener medidas incluidas en los acuerdos de investidura con el PSOE y PP, confía en que salgan adelante con su apoyo.
La iniciativa crea la figura de 'denunciante de la corrupción' referida a los empleados públicos que revelen información de casos de corrupción, garantiza su confidencialidad y seguridad laboral, así como su derecho a indemnización si sufre pérdidas económicas por denunciar.
También prevé crear una Autoridad Independiente de Integridad Pública para tramitar estas denuncias y que sustituye a la Oficina de Conflicto de Intereses para vigilar las conductas irregulares y emitir sanciones.
La citada ineligibilidad o cese de los encausados judicialmente, matizó Gutiérrez, se referirá a cualquier tema judicial, no sólo a la corrupción.
"ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO"
Para ésta última, C's prefiere reservar a un código ético dentro de cada partido o a un pacto entre éstos la capacidad de ir más allá de la ley y apartar a cualquier cargo o candidato sólo con que sea imputado.
Ciudadanos también reivindica controlar la actividad de los lobbies, tipificar para su mayor claridad el delito de "enriquecimiento ilícito", eliminar los plazos máximos para instruir una causa penal, y prohibir los indultos para delitos de corrupción.
Gutiérrez detalló que la propueta también contempla establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, y decomisar todos los bienes de una persona condenada por prevaricación, tráfico de influencias o fraude si no puede demostrar el origen lícito de los mismos, aunque los tenga en sociedades patrimoniales.
Por último, para garantizar la imparcialidad de los funcionarios encargados de estos temas, "se suprime la libre designación, y por tanto también el libre cese, para los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local".