En rueda de prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz), Alonso ha manifestado que tanto Alonso como Ana Mato "pueden darse por satisfechos si su objetivo era desmantelar el Estado del bienestar y robar derechos a los españoles".
Asimismo, ha responsabilizado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por una legislatura "teñida de irresponsabilidad, inestabilidad y ataques frontales a la ciudadanía, que han convertido un ministerio clave en unos de los principales brazos armados de sus sitemáticos recortes".
Según la dirigente socialista, Alfonso Alonso se va con "una interminable lista de incumplimientos", además de que se "constata que lamentablemente el sistema sanitario publico, atención a la dependencia e igualdad de oportunidades no está entre las prioridades de un presidente en funciones que cada vez está más perdido".
En cuanto a la Ley de Dependencia, ha acusado al PP de "convertirla en papel mojado" y ha añadido que "Rajoy ha sido un presidente insumiso que no ha cumplido la Ley a sabiendas de que no lo estaba haciendo, lo cual es de una extrema gravedad e irresponsabilidad".
Por contra, Armario ha destacado que "mientras esto ocurría, el Gobierno andaluz ha mantenido de manera inquebrantable su compromiso por el desarrollo del sistema de protección a la dependencia".
Así, ha asegurado que "en Andalucía se ha apostado por un modelo público, universal, cooperativo, descentralizado y normalizado de las leyes más importantes de nuestra democracia, mientras que en Moncloa se ha apostado por el abandono, el tijeretazo y el empobrecimiento de políticas y programas para abrir la puerta la privatización de los servicios sociales".
Armario ha afirmado que "la falta de política del PP han puesto en grave riesgo la universalidad y le equidad de los servicios sociales", y ha señalado que "durante sus cinco presupuestos ha dejado de invertir más de 2.800 millones de euros en servicios sociales que se han dejado sentir en la población".
Además, ha acusado al Gobierno de "dar la espalda a comunidades autónomas cumplidoras como Andalucía, que es la que mayor desarrollo de la Ley ha hecho hasta la entrada del Real Decreto que jamás debió aprobarse".
Según Armario, los recortes del Gobierno "han provocado que el Gobierno andaluz asuma a pulmón la financiación de más de un 78 por ciento de la Ley de Dependencia, sosteniendo el sistema practicamente en solitario", ya que "los recortes del Gobierno de España nos han robado anualmente 100 millones de euros y se han dejado de recibir más de 500 millones".
No obstante, según Armario, "pese a los obstáculos del PP" en Andalucía, se ha reactivado y durante 2015 ha incorporado a más de 40.000 personas beneficiarias con 51.400 prestaciones nuevas, así como la incorporación de más de 20.000 dependientes moderados y se han llevado a cabo 75.800 nuevas valoraciones". En este sentido, ha añadido que según el Inserso, en Andalucía hay más de 179.000 personas beneficiarias del sistema de depedencia y 233.000 prestaciones, teniendo una inversión de 1.131 millones en 2015 y llegando en 2016 a 1.160 millones de euros.
Finalmente, Armario ha apuntado como tareas en materia de Ley de Dependencia para el futuro que se aplique la Ley de forma "plena, rectificando las modificaciones aplicadas en el Real Decreto, entre ellas el recorte en la prestación por cuidados en el entorno familiar o la eliminación de las cotizaciones de la seguridad social de las personas cuidadoras", además de "recuperar las financiación correcta al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas para que el servicio y la Ley se desarrolle plenamente".
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