Durante el Pleno de la Asamblea, en el turno de preguntas al Ejecutivo regional, la diputada socialista Isaura Leal le ha indicado al consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, que "es responsabilidad del Gobierno informar de los procedimientos para los que se están utilizando fondos públicos, fondos que cubren la defensa jurídica de miembros o ex miembros de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad".
"Es su deber informar en un ejercicio real de esa transparencia que tanto presume en los titulares de los periódicos y en sus declaraciones publicas", ha apuntado dirigiéndose también a la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Asimismo, les ha retado a que informen a la Cámara de "la liquidación provisional de los servicios devengados hasta este momento por la asistencia jurídica, la persona o personas que han autorizado y autorizan dichos gastos y sobre qué personas se han beneficiado y benefician de los mismos". "Ni un euro más a cargo de los contribuyentes para asuntos privados", ha dicho.
Garrido se ha defendido indicando que "el criterio no es otro que la legalidad". Posteriormente, ha señalado tres criterios de la ley: "que la asistencia sea por hechos directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones profesionales, que a criterio de los servicios jurídicos sus pretensiones sean jurídicamente viables y que no se aprecie conflicto de intereses".
"En todos los casos en los que los servicios jurídicos han prestado asistencia jurídica a alguien en esta Comunidad se presume que ha atendido a estos principios de legalidad", ha aseverado el consejero.
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