De esta manera, las administraciones públicas podrán informar directamente la ciudadanía, disponer de datos más precisos y, de este modo, podrán desarrollar medidas más ajustadas a la realidad.
El registro de población facilitará el acceso a una serie de datos que permitirán un análisis más profundo de las necesidades de los ciudadanos, y, por tanto, el impulso de políticas que ayuden a lograr una mayor calidad de la prestación de los servicios públicos y una gestión de la Administración más eficaz, según se explica en la nueva normativa.
Las administraciones dispondrán así de más herramientas a la hora de ejercer sus competencias y de poner en marcha iniciativas, por ejemplo, en materia de prevención, diagnóstico y curación de enfermedades, campañas de vacunación, educación, formación y empleo, entre otros.
Para iniciar el debate, en primer lugar, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha presentado y defendido, en nombre del Gobierno de las Islas Baleares, el contenido del proyecto de ley. A continuación, como no había ninguna enmienda a debatir, porque todas las presentadas habían sido incorporadas al dictamen, se ha procedido a la intervención de los parlamentarios para fijar su posición.
Así, han intervenido los parlamentarios Santiago Tadeo (PP), Nel Martí (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Cs) y Enric Casanova (PSIB).
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