El Parlamento debate el miércoles la toma en consideración de la Ley de Emergencia Ciudadana de Podemos

Será en el segundo punto del orden del día del Pleno, según lo acordado en la Junta de Portavoces el pasado miércoles con el acuerdo de todos los grupos.

Con esta ley se pretende que la Junta de Andalucía "actúe para procurar que se garantice la efectividad de la prestación de servicios públicos" que afecten "a la supervivencia de las personas en condiciones de dignidad", priorizando el pago de las emergencias ciudadanas frente a "gastos secundarios como las dietas o la propaganda institucional".

En la rueda de prensa para presentar esta iniciativa, celebrada en septiembre del pasado año 2015, la portavoz parlamentaria y actual coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, defendió que es "una ley que pretende ayudar a la ciudadanía más vulnerable en estos tiempos de crisis", y con ella buscan que la administración "tenga unos ritmos similares a los de la vida", de manera que pretende que el Gobierno andaluz priorice los asuntos de emergencia ciudadana frente a otros gastos como "dietas o propaganda institucional".

La proposición, según se informó en el momento de su presentación, establece medidas como acortar los plazos del pago del salario social; que se dé cobertura prioritaria a los puestos de la administración que atiendan a personas en situación de especial dificultad, como las personas mayores o los menores; y que se dé prioridad en la tesorería a los pagos a este tipo de procedimiento.

Al respecto de esta proposición, el Consejo de Gobierno andaluz acordó también en septiembre del año pasado no oponerse a su tramitación, aunque señaló que no comparte su contenido y pedirá que sea rechazada por la Cámara porque contiene "importantes contradicciones legales".

El pronunciamiento del Consejo de Gobierno sobre la iniciativa de Podemos recogió que dicha propuesta se limita a abordar aspectos procedimentales de unas medidas que la administración autonómica ya está ejecutando desde hace años para atender las necesidades básicas de personas y colectivos sociales más vulnerables a la crisis económica, como planes extraordinarios para garantizar suministros mínimos vitales, prestaciones de urgencia sociosanitaria y programas de solidaridad y garantía alimentaria.

El Consejo de Gobierno señaló que algunos de los artículos del texto presentado no sólo no ayudan a agilizar los procedimientos, sino que limitan o prohíben posibilidades administrativas para atender casos urgentes. En este sentido, destacó que la pretensión de imponer condiciones especiales al ejercicio de funciones ya existentes puede dificultar su aplicación en aspectos esenciales --y previstos en la legislación vigente-- vinculados con pagos urgentes, provisiones excepcionales de medios o utilización de los recursos humanos de la administración.

Según el Ejecutivo andaluz, la propuesta de Podemos supone el uso indebido de una norma con rango de ley para regular medidas que pueden abordarse, como de hecho ya sucede por su naturaleza de actos administrativos, mediante decretos, órdenes e incluso instrucciones, lo que implica una suplantación de la función ejecutiva del Gobierno por el poder legislativo.