El responsable de la IPOA, Macharia Njeru, anunció el mes pasado que investigarían los muertos y heridos derivados de la actuación policial, ante la ola de quejas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Según Njery, los "casos prioritarios" eran los de dos niños que perdieron la vida.
Las fuentes consultadas por Reuters han asegurado que, hasta ahora, la Policía no ha enviado a los investigadores ningún documento o prueba. Una de ellas ha reconocido la "gran frustración" generada en la IPOA por la falta de colaboración de la Policía, que "no comparte información" a pesar de que teóricamente el cuerpo está obligado por ley.
El ministro del Interior keniano, Fred Matiangi, negó en agosto las acusaciones contra las fuerzas de seguridad y atribuyó la violencia a "elementos criminales" infiltrados entre los manifestantes políticos.
Las protestas, en las que murieron al menos 28 personas, estallaron después de que las autoridades proclamasen la victoria del presidente, Uhuru Kenyatta. El opositor Raila Odinga llevó sus acusaciones de fraude ante el Tribunal Supremo, que el 1 de septiembre terminó invalidando la votación y ordenando su repetición en un plazo máximo de dos meses.
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