Rafael Español acepta dos años y medio de prisión por desviar cuatro millones de La Seda

  • El expresidente ya fue condenado a más de un año de cárcel en 2015 por saquear la entidad
EUROPA PRESS
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El expresidente de La Seda, Rafael Español, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular por el que ha aceptado una pena de dos años y medio de prisión por desviar 4,3 millones de euros.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona le considera autor de un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, y además de la pena de prisión, le impone una multa de 15.000 euros.

Por estos hechos el tribunal ha condenado también a Joaquín Francisco García Carpinell --trabajador de la sociedad-- a un año y 11 meses de prisión y una multa de 13.500 euros, y a otros cuatro acusados a penas de entre un año y medio y diez meses de cárcel.

La sentencia considera probado que Español y García Carpinell aprovecharon que ejercían la administración, decisión y representación en La Seda y en otras mercantiles como 'Polimeros Pet', 'Netco', 'VK Import' y 'Emme', para aparentar la producción de toneladas de un producto termoplástico y su posterior venta para "desviar fraudulentamente" dinero.

Así, simularon varias operaciones mercantiles en Rusia o Túnez con empresas de su órbita como las anteriormente citadas, generando un perjuicio a la empresa de unos 4,3 millones de euros.

PRODUCCIÓN FICTICIA

Según el tribunal, existe "una correspondencia casi absoluta" entre las toneladas de 'Pet Sedapet SP-04' ficticiamente producidas en la planta de la Seda en El Prat de Llobregat (Barcelona) y que fueron contabilizadas como reales y las que aparentemente fueron transportadas a Rusia y Túnez.

Español ya fue condenado en junio de 2015 a otro año y un mes de cárcel y a una multa de 700.000 euros por haber saqueado la entidad entre 200 y 2004, en este caso también tras un pacto con Fiscalía que le permitió rebajar sensiblemente la pena de 27 años y medio de prisión que en principio reclamaba el Ministerio Público.

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