Registran en la Asamblea una ILP para garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar los cortes energéticos

En concreto, la ley busca "garantizar la eficacia del derecho a una vivienda adecuada" del artículo 47 de la Constitución; paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional; establecer un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia; llevar a cabo medidas para prevenir el uso antisocial de la vivienda; asegurar una garantía habitacional para situaciones de exclusión social en función de la renta familiar y proteger al consumidor en materia de vivienda para evitar conductas abusivas.

La portavoz de la ILP Alejandra Jacinto, ha explicado que la ley "pretende garantizar el derecho a la vivienda, acabar de una vez por todas con los desahucios sin alternativa habitacional y garantizar que ningún madrileño sufra cortes de luz y calefacción".

Jacinto ha indicado que quieren desarrollar esta cuestión, que está en la Constitución, y ha denunciado que a pesar de que desarrollar una ley que regule el acceso a la vivienda es una tarea de los políticos les ha tocado a la ciudadanía.

Tras registrar la ILP comenzarán una ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios, que ha esperado que les apoyen porque la iniciativa pasa por "cumplir el mandato constitucional" y a su juicio, "todo partido demócrata que se crea la Constitución y diga cumplirla" la tendría que apoyar.

Nilda Risueño, afectada de un desahucio y activista de la PAH, ha explicado que lo que piden es que " todo el mundo tenga acceso a una vivienda en función de sus ingresos". "Que nadie se tenga que ver en al calle por esta crisis que nos ha abocado a una precariedad y a una situación de las familias realmente grave", ha apostillado.

Según ha señalado, gracias a ella van a poder ampliar el parque de vivienda social, ir contra los abusos bancarios y asegurar vivienda universal para todos. La iniciativa también aborda la pobreza energética porque una casa "no son solo ladrillos", sino una vivienda digna.

Por último, el presidente de la Asociación Libre de Abogados, Alejandro Gámez, ha dicho que el acceso a los suministros básicos "tiene que estar garantizado", porque "vivir no es solo un espacio físico, sino que tiene que ser salubre y tener unas condiciones mínimas para que sea habitable".

Ha precisado que los datos señalan que en la Comunidad de Madrid en 2015 hubo cerca de 80.000 desahucios más o menos y no cree que vayan a bajar en 2016. En cuanto a los afectados por cuestiones de vivienda ha elevado la cifra a 228.000.

Por último, preguntado por la iniciativa del Ejecutivo autonómico con las eléctricas para evitar los cortes de energía, ha dicho que "no son más que parches" y ha afeado que en la Comunidad no hay una ley de vivienda y sí una de suelo.

Ahora tienen que ponerse a recoger las 50.000 firmas necesarias para que la ILP puede empezar a tramitarse en la Asamblea de Madrid y a realizar una ronda de contactos con los grupos políticos.