LOS SINDICATOS DE FUNCIÓN PÚBLICA EXIGEN AL GOBIERNO QUE NO PIDA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA JORNADA DE 35 HORAS EN ANDALUCÍA

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT de Función Pública exigieron hoy al Gobierno que no solicite la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas en Andalucía en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional “por el grave perjuicio que ocasionaría a los empleados públicos y a la economía andaluza”.
En un comunicado conjunto de los tres sindicatos presentes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, las centrales insistieron en que la suspensión cautelar de la medida sería un “atropello” a los empleados públicos y un “ataque” a la creación de empleo que ha generado la restitución de la jornada y que cifraron entre 7.000 y 10.000.
El presidente de CSIF en Andalucía, José Luis Heredia, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Andalucía (FeSP-UGT), Antonio Tirado, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (FSC de CCOO), Agustín de la Cruz, coincidieron en que no descartan movilizaciones ni cualquier acción.
Sin embargo, destacaron que, “a pesar de la opacidad del Gobierno y de las formas de presentar el recurso”, en el último Consejo de Ministros y tras más de ocho meses de acordar los sindicatos y la Junta de Andalucía la medida, abren una vía de diálogo para “impedir el grave daño que se va a hacer con la medida a los empleados públicos, a sus familias, a los servicios públicos y al conjunto de la economía andaluza”.
Particularmente, desde CSIF-A, Heredia destacó que la reunión con el PP se celebrará el próximo martes e indicó que “en caso de que finalmente no se pidan las medidas cautelares, le agradeceremos al PP su mediación, aunque ahora es el responsable directo de la situación por la insensibilidad de Rajoy ante la situación en Andalucía”.
Tirado, de la FeSP-UGT de Andalucía, añadió que esta jornada de las 35 horas “supone el sustento de tres pilares fundamentales en la sociedad andaluza: la generación de empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral, y la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos”.
Por su parte, el responsable de la FSC de CCOO en la región reclamó que en el próximo Consejo de Ministros “se dé marcha atrás a esta medida para no dañar más a los empleados públicos ni a esa recuperación que dicen que estamos viviendo en España, pero que seguimos sin ver”.
Los tres sindicatos acordaron mantener la unidad sindical ante esta situación y emplazaron a reuniones y conversaciones periódicas y constantes para acordar medidas de presión si se mantiene el recurso del Gobierno.