En declaraciones a los periodistas, Sanz ha apuntado que "las diferentes partes de esta investigación están en su derecho de tomar las medidas que quieran" y ha precisado que desde el Gobierno "solo cabe respetar las decisiones judiciales y el derecho de las partes".
En el recurso, de 355 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados que ejercen la acusación en nombre del PP-A, Lourdes Fuster y Luis García Navarro, piden a la Audiencia, de manera subsidiaria, que estime que concurre causa de abstención, anule el auto recurrido y ordene a la magistrada "la continuación de la investigación con la práctica de las diligencias de investigación" solicitadas por el PP-A y la Guardia Civil y que, "estando acordadas, no han sido practicadas".
Por otra parte, preguntado sobre la solicitud de la Guardia Civil de imputar en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, el delegado del Gobierno ha advertido de que "la Guardia Civil cumple con su función de auxilio a los jueves en el ámbito de la labor politica judicial que desarrollan".
No obstante, ha entrado a valorar la situación del caso y se ha mostrado a la espera de la iniciativa del juez.
En un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por 'El Independiente', la Guardia Civil señala tanto al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, de 81 años de edad, como al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y al ex director general de Empleo y Seguridad Social Juan Márquez.
De este modo, los agentes indican que el entonces obispo de Cádiz remitió el 6 de octubre de 2008 una carta al consejero de Empleo en la que le pedía "colaboración" y "ayuda" para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a 50 trabajadores desde el 1 de enero de 2007 mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad.
Los agentes aseveran que, en este caso, se han incumplido los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación "legalmente establecidos para el otorgamiento y concesión de subvenciones", a lo que se suma que "no se ha acreditado suficientemente el carácter excepcional de la ayuda" concedida.
Asimismo, "hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. Qué condiciones y/o requisitos deben de reunir los solicitantes de estas ayudas y cuál es la legislación que lo ampara", mientras que en el expediente "no consta la relación de beneficiarios de la ayuda".
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