Aún en plena digestión de los resultados del 26-J y con el debate abierto sobre la política de pactos, el PSOE enfrenta una nueva crisis. En esta ocasión, en sus relaciones con el PSC.
La propuesta de los socialistas catalanes de una vía a la 'canadiense' para Cataluña, en caso de que fracasase la reforma constitucional, ha caído como una losa en la dirección. Ferraz no comparte esta fórmula, descartada desde hace años en sus programas electorales.
“Espero que esto no prospere y que la solución que nosotros pensamos que es la viable y la que beneficia al país y a Cataluña sea la de la reforma constitucional”, ha sostenido la secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz.
La ponencia política del XIII congreso del PSC, programado del 4 al 6 de noviembre, aboga por una reforma constitucional de tipo federal, que incluya el "pleno reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, de sus derechos históricos y de la singularidad de su autogobierno".
Si el acuerdo que alcanzasen Cataluña y el Estado no fuese refrendado por los catalanes en las urnas, el PSC plantea otros instrumentos democráticos, como una ley de claridad como la canadiense, que estableciesen las condiciones para verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión.El 'derecho a decidir', otra vez
El derecho a decidir siempre ha condicionado las relaciones entre el PSOE y su federación catalana. El PSC renunció a una consulta legal y acordada en las últimas elecciones autonómicas. Por eso, recuperar ahora esa idea ha provocado sorpresa en la Ejecutiva.
La solución que se propone tiene como ejemplo la Ley de Claridad de Canadá, redactada en 2000, y que establece las condiciones en las que el Gobierno de Canadá podría negociar la secesión de algunas provincias. El argumentario de la ponencia de los socialistas catalanes, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de noviembre, ha sido difundido este jueves.
“En caso de fracaso, en caso de que la ciudadanía decidiera rechazar el pacto logrado por sus representantes, entonces sí, los socialistas catalanes propondríamos al conjunto de los españoles otros instrumentos democráticos (por ejemplo, una Ley de la Claridad como la canadiense) que estableciese las condiciones para, si fuera necesario, verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión”, se lee en esta propuesta.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha mantenido una posición ambigua sobre la posibilidad de una consulta. Aunque la apoyó hace años, desde su designación optó por acoplarse a las tesis de la dirección. En los últimos meses, no obstante, se le ha vuelto a ver partidario de esta vía, como solución para la crisis catalana.
La dirección socialista mantiene una postura opuesta. De hecho, el propio Comité Federal del pasado diciembre vetó expresamente la posibilidad de negociar con partidos que defiendan el independentismo o las consultas.Qué dice la ley canadiense
En 1998, dos años después del segundo referendum sobre la secesión de Quebec- el Tribunal Supremo de Canadá respondió a la petición del gobierno para saber si la secesión unilateral podría resultar legal.
El alto tribunal determinó entonces que ni en derecho constitucional canadiense ni en el derecho internacional existe un derecho unilateral a la autodeterminación del pueblo de Quebec.
La resolución del Supremo canadiense venía a decir que si bien la independencia unilateral era ilegal, el Gobierno no podría quedarse en un aposición inmovilista, porque ello haría legítima una secesión ilegal.
Para ello, apuntaba también, la mayoría necesaria debería ser clara y negociada entre ambas partes.
La ley de claridad, de 2000, no obstante, reserva a la Cámara de los Comunes la potestad de decir si la pregunta es clara o no y no define lo que es una mayoría clara y suficiente para validar el “sí” a la independencia.
Además establece que:
La Cámara de los Comunes de Canadá tiene el poder de decidir si la pregunta del referéndum de un hipotético proceso de secesión es clara antes de ser sometida a votación.
Todas las provincias y las primeras naciones (entidades políticas formadas por aborígenes americanos reconocidas en el sistema político canadiense) deben tomar parte en las negociaciones.
La Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la Ley de Claridad.
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