El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea (UE) y ha anulado parte de su articulado por entender que invade competencias estatales.
El recurso contra esta norma fue admitido a trámite en abril de 2015 y la sentencia, de carácter interpretativo y de la que este viernes únicamente se ha notificado el fallo, viene a señalar que la Generalitat puede regular todo lo que se refiera a sus relaciones con el Exterior siempre que no lleva a cabo actuaciones que la Constitución reserva al Gobierno.
El tribunal de garantías reconoce que las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior pero recuerda que, en todo caso, deben respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, tal y como prevé el artículo 149.1.3 de la Constitución.
PROHÍBE LA DIPLOMACIA CATALANA Y LAS RELACIONES BILATERALES
En consecuencia, la sentencia avala la constitucionalidad de varios de los preceptos impugnados, siempre y cuando se interpreten en el sentido antes mencionado. Por el contrario, declara inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que atribuyen a Cataluña competencias reservadas en exclusiva al Estado, entre ellos, los dirigidos a promover el establecimiento de relaciones "bilaterales" de Cataluña con otros países o los que configuran la llamada "diplomacia pública" de la Generalitat.
El ponente de la resolución ha sido el magistrado Andrés Ollero, y los tres magistrados del sector 'progresista de este órgano Adela Asua, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol han anunciado voto particular concurrente. Es decir, están conformes con el fallo pero no del todo con la argumentación jurídica y darán a conocer sus argumentos por escrito.
No toda la actividad exterior puede identificarse como materia de relaciones internacionales y, en todo caso, los elementos esenciales de la competencia estatal, vedados a las Comunidades Autónomas, son la celebración de tratados, la representación exterior del Estado, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado.
Al aplicar esta doctrina a la ley de Acción Exterior catalana se declaran inconstitucionales artículos como el 3 e), referido al "reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos" y el 26.1 e), que regula el establecimiento por la Generalitat de relaciones institucionales con cuerpos consulares de Estados extranjeros presentes en Cataluña.
También se ven anulados los apartados i), j), k) y 1) del artículo 2 de la norma, así como la regulación contenida en el artículo 38. En ellos se configura la llamada "diplomacia pública" como una actuación exterior de la Generalitat que no está vinculada a sus competencias, que tiene como destinatarios a sujetos del Derecho internacional y que está dirigida y coordinada por el Gobierno catalán.
ARTÍCULOS QUE PASAN EL CONTROL
Por otra parte, el artículo 200 -referido a la promoción por la Generalitat de la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña, la sentencia recuerda que ya fue en su día considerado conforme a la Constitución en la medida en que deja clara "la supeditación de la acción de la Generalitat" a lo que disponga el Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva .
En cuanto a los apartados a) y d) del artículo 2 y el artículo 7.2.e), el tribunal detalla que la expresión "intereses del país" no puede ser declarada inconstitucional en cuanto puede interpretarse como referida a una "entidad territorial no dotada de subjetividad internacional, cuyos intereses en su proyección exterior estarán ligados al desempeño de sus competencias".
En relación con la impugnación del artículo 2.d), referido a los "acuerdos de colaboración", el TC señala no puede ser declarado inconstitucional siempre que dichos acuerdos, tal y como establece el artículo 195 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se refieren a las materias competencia de la Comunidad Autónoma y siempre que no impliquen firma de tratados, algo que es exclusivo del Estado.
Finalmente, sobre inciso del artículo 4.a) "como un actor internacional comprometido, solidario y responsable", debe entenderse en el marco del Estatuto de Autonomía, que vincula la acción exterior de Cataluña a la que se derive de sus competencias y siempre con respeto a las del Estado en materia de relaciones exteriores. Así interpretado, no puede ser consideradoinconstitucional.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios